Refuerzo de la vigilancia ante la presión sobre el suelo rústico en Fuerteventura
Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil han acordado reforzar la coordinación para vigilar las actuaciones sobre suelo rústico y detectar posibles incumplimientos de la normativa territorial.
Los datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural reflejan un incremento de la actividad inspectora. Entre 2023 y 2026 se han analizado 649 expedientes en Fuerteventura: 120 en 2023, 110 en 2024, 160 en 2025 y 259 durante 2026, que concentra alrededor del 40% del total.
Según los datos expuestos por el Gobierno de Canarias, las principales actuaciones están relacionadas con la ocupación y transformación del suelo. Las instalaciones, contenedores, explanaciones, vallados y casas prefabricadas representan el 35,7% de los expedientes. Las obras sin licencia, ampliaciones, viviendas y otras estructuras suponen otro 30%, mientras que los vertidos, residuos, acopios y abandono de materiales alcanzan el 14,1%.
Estas tres categorías concentran más del 70% de los expedientes analizados durante el periodo. Por municipios, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje reúnen más del 85% de la actividad inspectora registrada entre 2023 y 2026.
Uno de los principales dispositivos de vigilancia se desarrolló el pasado 15 de septiembre, con la participación de técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, agentes de Medio Ambiente del Cabildo, efectivos del SEPRONA y policías locales de La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje.
El operativo permitió realizar 64 inspecciones con indicios de infracción. Las correspondientes denuncias están todavía pendientes de emisión y posterior tramitación, por lo que las actuaciones no implican por sí mismas la existencia de una infracción firme.
De los 649 expedientes analizados desde 2023, 549 continúan en curso y 100 han sido archivados, según la Agencia. Su directora, Montserrat Ortega, explicó que un archivo no significa necesariamente que haya desaparecido la situación que originó la actuación, ya que algunos casos corresponden a materias cuya competencia recae en otra administración.
La Agencia también ha documentado 26 restablecimientos voluntarios de la legalidad durante este periodo: 15 en Puerto del Rosario, siete en La Oliva, dos en Pájara, uno en Tuineje y otro en Antigua.
Las administraciones participantes han defendido que la coordinación entre los distintos cuerpos resulta necesaria tanto para detectar y tramitar las actuaciones como para determinar las competencias y, cuando corresponda, recuperar la legalidad territorial.
