Transportes declara de «servicio esencial» dos complejos turísticos de Lanzarote

Mañana termina el plazo para la aplicación de la medida suspensiva de la actividad alojativa turística en España, y el consiguiente cierre provisional de los establecimientos acordado por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus Covid-19. Por ello, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana acaba de publicar una Orden por la se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adaptan disposiciones complementarias.

Dicha Orden ministerial contempla para Canarias una relación de hasta 15 establecimientos que podrán permanecer abiertos para atender lo que se define como servicios esenciales y supuestos excepcionales. En concreto, se contempla un establecimiento en El Hierro, 3 en Fuerteventura, 1 en La Gomera, 2 en Lanzarote, 2 en Gran Canaria, 5 en Tenerife y ninguno en La Palma.

Los dos lanzaroteños que no cerrarán sus puertas son: Apartamentos El Guarapo (Costa Teguise) y Bungalows Playa de Famara (Teguise).

Estos alojamientos podrán acoger a trabajadores que realicen toda un serie de tareas como sanitarias, reparaciones, obras de interés, abastecimientos y transporte, entre otras; así como a “personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria”, así como a “todas aquellas personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia”.

Turismo Canarias pide a Madrid una solución

La Orden añade en su artículo 3 que el resto de alojamientos turísticos que no figuren en la relación de este texto, “podrán prestar alojamiento exclusivamente a los colectivos mencionados anteriormente y siempre que se observen las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19”.

Según explica hoy la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, “es precisamente este artículo el que ha generado las mayores dudas de cara a atender las necesidades de la demanda turística que haya quedado en las islas, así como de los propietarios de establecimientos y viviendas vacacionales, que necesitan de una seguridad jurídica para el desarrollo de su actividad ante clientes que en contra de su voluntad no han podido retornar a sus lugares de origen”, según señala la consejera.

Al respecto, Castilla apela también a que la «indefinición en este asunto puede generar un problema de orden público y sanitario a partir del día 26 de marzo (fecha límite de cierre de alojamientos turísticos)… Sin olvidar la imagen que debemos cuidar y defender de la actividad turística en nuestra Comunidad Autónoma. Canarias”, añadió, “suma, con diferencia, más turistas que todas las demás comunidades autónomas juntas. El problema está en Canarias.”, comentó hoy.

La Consejería considera urgente dar una respuesta “clara y segura a las necesidades alojativas de unos 16.000 turistas estimados que permanecerán en Canarias después del día 26 de marzo”.