El Juzgado admite la acusación popular de AC en la investigación de Inalsa

El Juzgado de Instrucción número 4 aceptó el pasado 13 de octubre que Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) se persone como acusación popular en las diligencias que investigan la gestión que llevó a la empresa pública Inalsa a su privatización.

El caso, recuerda hoy en nota de prensa Alternativa Ciudadana, nace de la denuncia que interpuso en Fiscalía Alternativa Ciudadana en el año 2013 después de impugnar en tres ocasiones las decisiones tomadas para privatizar la empresa, que no fueron tenidas en cuenta.

En el mes de mayo, la Fiscalía pidió al Juzgado que abriera un procedimiento penal para investigar a la empresa pública de agua Inalsa, considerando que “se desprende, de forma indiciaria, la posible existencia de un delito societario, prevaricación o defraudación de caudales públicos” en la administración de Inalsa.

El Juzgado ha solicitado ahora diversas diligencias de investigación que abarcan varias etapas de la gestión de Inalsa y pide al Registro mercantil todas las cuentas de la empresa desde el año 2006. Varias de estas diligencias se centran en el proceso privatizador de Inalsa y en la presunta ilegalidad del traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio del Agua para facilitar esa privatización y la concesión del ciclo integral del agua a la empresa Canal de Isabel II.

Los últimos datos, según este partido, «confirma las denuncias que durante años hemos hecho sobre la corrupción en Inalsa en sus distintas etapas y espera que la investigación sirva para que la Justicia señale a los verdaderos responsables de la ruina de la empresa que, de momento, no han tenido que afrontar con su patrimonio la mala gestión de la que son responsables, principalmente el PSOE, PIL y Coalición Canaria».

Además, AC añade que “espera que la investigación sirva para que la Justicia señale a los verdaderos responsables de la ruina de la empresa que, de momento, no han tenido que afrontar con su patrimonio la mala gestión de la que son responsables, principalmente el PSOE, PIL y Coalición Canaria”.

La formación cree “que el traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio se hizo de forma irregular y que el proceso concursal de esta empresa nunca debió terminar sin que se depuraran responsabilidades y con un concurso para privatizar el agua».