El Gobierno recurrirá la sentencia que anuló su norma de alquiler vacacional

El Gobierno de Canarias recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que tumbó el Decreto que reglamentaba las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2015.

Señalan desde el Ejecutivo que “deberán recurrir” la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso Administrativo “a instancias de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y la Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia”.

Además, para los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en dicha sentencia se observan razonamientos jurídicos que “no comparten y que conducen a un fallo anulatorio que consideran no ajustado plenamente a Derecho”, lo que les lleva a recomendar la presentación del mencionado recurso; algo que, según afirman, “es práctica habitual de la administración pública cuando existen sentencias contrarias a sus disposiciones normativas”.

Entre los argumentos que han dado lugar a dicha recomendación está la necesidad de “intentar evitar inseguridad jurídica mientras no se ordene adecuadamente los diferentes modelos de explotación turística que eviten competencia desleal en el sector”.

Recuerda el Ejecutivo que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene la competencia exclusiva sobre la promoción y la ordenación del turismo en el ámbito territorial de la propia Comunidad, y ejerce la potestad legislativa, tanto desde el punto de vista de la actividad como de los establecimientos donde se desarrolla la misma y para regular la oferta turística concibiendo Canarias como una ‘unidad de destino turístico’.

Y por eso, afirman que la necesidad de “garantizar el desarrollo turístico obliga a matizar el razonamiento del TSJC que conduce a la más amplia liberalización de la actividad de vivienda vacacional, pudiéndose implantar, sin límites, en cualquier parte del territorio de Canarias”.

El Gobierno de Canarias lleva tratando, hasta ahora sin éxito, de consensuar con los agentes turísticos mejoras en el Decreto que, asumidas por todas las partes, evitaran la sucesión de demandas y recursos.

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ya advirtió que la sentencia del TSJC que les dio la razón hace unas semanas era recurrible, y se mostraron satisfechos pero prudentes.

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