“En las pérdidas del agua el Gobierno no eludirá su responsabilidad”

El Gobierno de Canarias afirmaba este miércoles que “los consejos insulares de agua de las Islas están tomando medidas” ante las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, una “sangría” puesta en evidencia hace unas semanas por el Tribunal de Cuentas, cuando emitía un informe donde se exhibían las pérdidas económicas en torno a la gestión del agua en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote en el período 2007-2011.

En el caso de Lanzarote, la pérdida era del 46% del agua producida, con una tendencia alcista en el periodo, alcanzando en 2011 el 54%. El coste acumulado de dichas pérdidas para los 5 años verificados fue de 85,3 millones de euros.

Narvay Quintero, consejero de Aguas del Ejecutivo regional, respondía en sede parlamentaria a la diputada Águeda Montelongo (PP), señalando que la responsabilidad en este asunto “corresponde a los consejos insulares del agua y a los ayuntamientos”, confirmando además que, según le constaba, “todos han presentado alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas” y se mantenía al tanto de sus iniciativas.

Quintero, que afirmó que “este Gobierno no elude ninguna responsabilidad en este asunto”, puntualizó que algunas de las siete recomendaciones hablan de la elaboración de un plan hidrológico en Canarias, algo que definió como “imposible” porque, según dijo, “la Ley de 2010 determina que cada Isla tiene su cuenta hidrográfica, y son siete las existentes”. También se refirió a otra recomendación del Tribunal, que sugiera “establecer precios medios”; y también esto lo descartó el consejero ya que “no corresponde al Gobierno, que sólo puede autorizar los precios que solicitan los ayuntamientos”.

En el debate plenario se dejó claro que estaban ante un debate donde cada isla tiene mucho que decir, y la solicitud de responsabilidades, según el consejero, “ya tenemos un informe de cada consejo insular de aguas sobre las obras que se deben llevar a cabo”, y aclaró que “cada isla es diferente”.

agueda montelongo

Con todo, Águeda Montelongo, que pidió reiteradamente “depurar responsabilidades políticas”, acusó al Gobierno de Canarias de no “cumplir con su responsabilidad” en la gestión del agua, donde “sí es competente”. Según la diputada, “el informe pone en solfa el sistema de gestión; necesitamos respuestas… Y que nos digan lo que han hecho y van a hacer para solventar estas pérdidas”, dijo. Montelongo criticó al PSOE y CC en las Islas “le echen ahora la culpa a Madrid por no enviar subvenciones para la desalación”; añadiendo luego que “con el dinero de los canarios no se juega: Para qué querrían ocho millones de ayuda si cuatro se le está yendo por las tuberías…”, espetaba. También subrayó que el informe recoge, según dijo, que “se realizaban incluso contratos por teléfono”.

Narvay Quintero insistió en que “en todas las corporaciones insulares se han tomado en cuenta estas recomendaciones del Tribunal, y otras que no realizaron. (…) Dentro de nuestra labor a través de la dirección general de Agua está la de asesorar a la instituciones insulares para evitar futuras pérdidas”, declaró.

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