El gobierno de Tinajo está en el foco por la falta de respuesta al Defensor
El Ayuntamiento de Tinajo ha quedado reflejado en el informe anual de 2025 del Defensor del Pueblo tras no responder a tres requerimientos vinculados a un expediente urbanístico iniciado en marzo de 2024. Este señalamiento ha motivado reacciones tanto del PSOE local como del Movimiento Renovador de Tinajo (MRT), que han reclamado explicaciones al grupo de gobierno.
Según recoge el propio informe, la institución estatal tuvo que reiterar hasta en tres ocasiones la solicitud de información al consistorio. El último requerimiento fue emitido en noviembre de 2025 sin que, hasta ese momento, constara respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento.
Desde el PSOE de Tinajo, su portavoz, Begoña Hernández, ha asegurado que la inclusión del municipio en este listado “no es una anécdota”, sino el reflejo de una forma de gestión que, según su grupo, se ha venido denunciando en los plenos municipales. Hernández sostiene que existe una falta de acceso a documentación y dificultades para el ejercicio de control por parte de la oposición.
En la misma línea, el portavoz del MRT, Antonio Morales, ha solicitado explicaciones públicas al alcalde, Jesús Machín, para aclarar las causas de la falta de respuesta a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Morales ha planteado la necesidad de determinar si la responsabilidad recae en cargos políticos o en personal técnico municipal.
El MRT también ha hecho referencia a antecedentes administrativos, citando informes técnicos de años anteriores y documentación interna que, según indican, ya apuntaban a posibles irregularidades en la gestión municipal.
Petición de aclaraciones y responsabilidades
Ambas formaciones coinciden en la necesidad de que el Ayuntamiento atienda los requerimientos pendientes y ofrezca información sobre lo ocurrido. Mientras el PSOE insiste en garantizar el acceso a la información pública tanto a la oposición como a la ciudadanía, el MRT subraya la importancia de esclarecer responsabilidades dentro de la estructura municipal.
El caso se enmarca en un expediente urbanístico relacionado con el cumplimiento de un convenio sobre clasificación de suelo. La falta de respuesta ha derivado en que el consistorio sea considerado por el Defensor del Pueblo como una administración que dificulta su labor.
