El Gobierno canario dice que refuerza la inspección social sin externalizar funciones
Desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias han asegurado este miércoles que han impulsado un refuerzo del Servicio de Inspección y Acreditación de Centros con el objetivo de incrementar la capacidad de control y seguimiento de los servicios sociales en el Archipiélago.
La medida fue explicada en comisión parlamentaria por la consejera del área, Candelaria Delgado, quien situó este refuerzo en un contexto de intensa actividad inspectora sobre centros residenciales, de día y otros recursos sociales destinados a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.
El objetivo, según se expuso, es consolidar un modelo de inspección más sistemático, con mayor capacidad de análisis y verificación de las condiciones reales de atención, más allá del cumplimiento formal de los requisitos administrativos. Esta decisión autonómica llega unas semanas después de la polémica gestión de Amavir en residencias lanzaroteñas.
En este marco, el Ejecutivo autonómico ha licitado un servicio de apoyo técnico a la inspección, orientado a tareas complementarias como la revisión documental, el análisis de indicadores, la asistencia en visitas y el seguimiento de planes de mejora en los centros.
Este refuerzo pretende mejorar la calidad de las actuaciones inspectoras y disponer de información más detallada para la toma de decisiones en materia de acreditación y control de servicios sociales.
La consejera subrayó que este apoyo no implica la externalización de las funciones inspectoras, que seguirán siendo competencia exclusiva de la Administración autonómica.
La inspección sigue siendo competencia pública
Según se explicó en sede parlamentaria, la supervisión, la valoración de posibles incumplimientos, la emisión de informes y la eventual propuesta de medidas correctoras o sancionadoras continuarán recayendo en personal funcionario del Gobierno de Canarias.
El refuerzo se plantea como un complemento técnico para ampliar la capacidad operativa del servicio sin alterar el carácter público de la potestad inspectora.
La actividad inspectora se desarrolla además en coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito en 2024, así como con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aquellos casos que requieren seguimiento jurídico o actuaciones complementarias.
Entre los ámbitos de control se incluyen la organización de los servicios, los recursos humanos, la accesibilidad, la seguridad, la salubridad, la documentación y el cumplimiento de protocolos de atención, con especial atención a indicadores relacionados con la autonomía y la dignidad de las personas usuarias.
