El Cabildo consensuará su declaración institucional sobre los refugiados
Las propuestas coincidentes de varias formaciones políticas del Cabildo de Lanzarote sobre al posicionamiento de la Isla en torno a la acogida de refugiados ha propiciado que, finalmente, el Pleno insular haya decidido fundir las mismas en una declaración institucional que se elaborará durante las próximas semanas.
El PSOE presentó una moción relativa a la solidaridad y acogida de refugiados por causa de conflictos bélicos, y similares iniciativas fueron llevadas a pleno por Somos Lanzarote y Ciudadanos, por lo que por unanimidad han decidido redactar una declaración institucional, cuyo texto será ratificado en Junta de Portavoces en próximas fechas.
Por otro lado, las mociones presentadas por el grupo socialista en el Cabildo de Lanzarote para el desarrollo de acciones encaminadas a paliar la grave situación de las familias inmersas en procesos de desahucio de sus hogares y para actuar contra la pobreza infantil, han obtenido hoy el apoyo unánime de las fuerzas con representación en el Pleno.
Esta iniciativa se refería a la reactivación de la Oficina de Vivienda que mantiene operativa en Lanzarote el Ejecutivo Autónomo, con el fin de que incorpore funciones de asesoramiento legal, intermediación con las entidades financieras implicadas en desahucios, realización de censos de familias desahuciadas o en proceso y gestión de parques de viviendas con alquileres sociales, entre otras.
Para los socialistas, el drama de la pérdida de la residencia habitual ha de atenderse desde los servicios sociales de manera prioritaria y urgente. «El Cabildo debe disponer de herramientas de intervención previa en forma de mediación, que interrumpan el desalojo o para responder con una actuación inmediata, cuando legalmente no haya alternativas», ha señalado el portavoz del PSOE, José Juan Cruz.
Durante la sesión ordinaria del mes de septiembre, celebrada en la mañana de hoy viernes, se aprobó también instar al Gobierno de España a la retirada de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, con la abstención de Nueva Canarias y el voto en contra del Partido Popular.
