El Cabildo encarga de nuevo la redacción de un Plan Especial para La Geria

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, después de que a finales de la pasada década el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretara la anulación y tumbara en varias sentencias el documento del Plan sobre este espacio protegido. Ese Plan General de La Geria fue aprobado en 2014, y de inmediato fue impugnado en los tribunales. Poco después se habló por parte del Cabildo de encargar a la empresa pública Gesplan la redacción de un nuevo Plan Especial.

Ahora, en verano de 2023, el Cabildo ha adjudicado la elaboración de dicho Plan a la empresa pública Gesplan, que será la encargada de ejecutar este trabajo en un plazo de unos 13 meses y que contará con un presupuesto de 355.298 euros. El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, celebra que “hace años que este procedimiento lleva estancado y estamos muy satisfechos de poder desbloquearlo y seguir adelante con esta iniciativa”, añadió el presidente.

El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, explicó que La Geria se caracteriza por los suelos minerales escasamente alterados y, sobre todo, por una extensiva ocupación por parte de la actividad agrícola vitivinícola.

Ordenanza para instalación de renovables

Por otra parte, el Cabildo ha contratado también a la empresa pública Tragsatec la elaboración de una Ordenanza Provisional Insular para fijar criterios de homogeneización del uso de energías renovables en la Isla. La partida destinada para este proyecto será de 59.325,48 euros y contarán con un plazo de unos dos meses y medio para su ejecución.

El principal problema que se pretende solucionar con esta Ordenanza es suplir la ausencia de ordenación respecto de la implantación territorial del uso de generación de energía eólica, fotovoltaica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables en la isla de Lanzarote, fijando los criterios mínimos necesarios para su legitimación y determinación del interés público y social de los proyectos concretos que se pretenden instalar, tanto públicos como privados, debiendo compatibilizarse el desarrollo de un modelo energético más sostenible que favorezca la creación de una economía local de gran valor añadido.