Un empresario majorero es detenido por explotación laboral en hostelería
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias, ha detenido al administrador de una empresa del sector de la hostelería como presunto autor de dos delitos contra los derechos de los trabajadores tras una investigación desarrollada durante más de dos años.
La denominada “Operación HORNEO”, iniciada a comienzos de 2024 por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, permitió detectar presuntamente un sistema continuado de contratación de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular con el objetivo de reducir costes laborales y evitar obligaciones legales relacionadas con contratos, Seguridad Social y tributación.
Las actuaciones se centraron en dos establecimientos de hostelería ubicados en Puerto del Rosario (Fuerteventura), donde se realizaron distintas inspecciones entre 2024 y 2026. Durante estos controles fueron identificados ocho trabajadores extranjeros que, según la investigación, carecían de autorización de residencia y trabajo y tampoco figuraban dados de alta en la Seguridad Social.
Trabajadores sin contrato y pagos en efectivo
Las diligencias policiales incluyeron la toma de declaración a varios empleados, cuyos testimonios permitieron conocer las condiciones laborales en las que desarrollaban su actividad.
Según la investigación, los trabajadores realizaban funciones de atención al público, cocina, panadería y limpieza, percibiendo cantidades aproximadas de 1.200 euros mensuales o entre 30 y 55 euros diarios, pagos que se realizaban en efectivo. Además, presuntamente trabajaban sin contrato, sin cotización a la Seguridad Social y sin disfrutar de periodos de vacaciones.
Una de las trabajadoras manifestó que recibió instrucciones para abandonar el establecimiento, negar la existencia de la relación laboral y ocultar el uniforme en caso de una inspección por parte de las autoridades.
Los investigadores señalan que el responsable de la empresa conocía presuntamente la situación irregular de los empleados y que habría aprovechado esa circunstancia para imponer condiciones laborales más desfavorables y limitar el ejercicio de sus derechos.
Más de 139.800 euros en sanciones previas
La investigación también permitió constatar, según la Policía Nacional, un historial de infracciones administrativas en materia laboral y de extranjería relacionadas con el empresario y su empresa.
Ese expediente acumulaba sanciones superiores a 139.800 euros, además de una nueva propuesta sancionadora de 30.003 euros derivada de las últimas inspecciones realizadas.
El detenido fue arrestado el pasado 10 de julio como presunto responsable de dos delitos contra los derechos de los trabajadores y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Puerto del Rosario.
