Desmantelada una red ilegal de desguaces con ramificaciones en Lanzarote
La Guardia Civil ha desmantelado una red de desguaces ilegales que operaba en Canarias y Madrid, con ramificaciones en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. La operación, denominada “DILANIO”, se ha saldado con la clausura de tres desguaces clandestinos y la investigación de once personas -ocho físicas y tres jurídicas- por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.
La investigación se inició tras detectar el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) una instalación no autorizada en suelo rústico protegido, dedicada a la gestión ilícita de residuos. En el lugar se localizaron 44 vehículos de gran tonelaje, completos o semidesguazados, procedentes de desguaces legalmente constituidos que, según la investigación, servían de cobertura administrativa para ocultar el origen irregular de la actividad.
Las pesquisas revelaron que una empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos a un desguace de la Comunidad de Madrid para su baja y tratamiento medioambiental. Sin embargo, este establecimiento los revendía como chatarra, obteniendo beneficios económicos, y desviaba los vehículos hacia desguaces de la provincia de Las Palmas, donde se emitían certificados medioambientales falsos para simular una correcta gestión.
Los agentes constataron que las instalaciones clausuradas operaban en terrenos rústicos protegidos que superaban en conjunto los 40.000 metros cuadrados. Parte de los vehículos eran trasladados sin descontaminar o solo parcialmente tratados, incumpliendo la normativa ambiental vigente.
El SEPRONA ha documentado además la liberación de gases fluorados a la atmósfera durante el desmantelamiento de los vehículos, sin ningún tipo de control técnico. Según las estimaciones de la Guardia Civil, más de 10.000 vehículos habrían sido manipulados de esta forma en los últimos cuatro años, generando emisiones equivalentes a unas 1.500 toneladas de CO₂.
La operación ha incluido la toma de numerosas muestras y la elaboración de informes periciales que refuerzan la gravedad del impacto ambiental causado, especialmente en un territorio frágil como el insular. La Guardia Civil subraya que este tipo de prácticas suponen un riesgo directo para el medio ambiente y la salud pública, además de una competencia desleal frente a los desguaces que cumplen la normativa.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones, mientras se analizan las responsabilidades penales y administrativas derivadas de una trama que pone de relieve las carencias en el control efectivo de la gestión de residuos industriales en Canarias.
