Desde el PSOE critican “el estancamiento de expedientes de dependencia”

El PSOE de Lanzarote ha denunciado que el Cabildo, presidido por Oswaldo Betancort, presume de ampliación de subvenciones sociales mientras la isla mantiene casi mil expedientes pendientes de reconocimiento de discapacidad y un elevado número de solicitudes de dependencia sin resolver.

Según la organización, la demora administrativa está generando efectos directos en la vida diaria de usuarios y familias que necesitan estos apoyos, si bien las ayudas del Cabildo a los colectivos del Tercer Sector, que rondan los 1,2 millones de euros, intentan mitigar las disfunciones del sistema en la Isla de los Cuidados.

Los socialistas describen situaciones que, a su juicio, ilustran el impacto de las listas de espera: jóvenes que no pueden acceder a empleo con apoyo por carecer de reconocimiento oficial, estudiantes que no logran solicitar becas por necesidades educativas especiales, personas mayores sin ayuda a domicilio o sin plaza en centros de día por falta de valoración, y familias que dependen de prestaciones económicas cuya resolución sigue sin llegar.

La secretaria general del PSOE en Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha criticado que el gobierno insular “priorice las fotos con subvenciones mientras mantiene a cientos de familias atrapadas en un limbo administrativo”. Insiste en que las personas dependientes y con discapacidad “no piden favores, sino derechos reconocidos por ley”.

Corujo recuerda que tanto la Ley de Dependencia como el sistema de derechos para personas con discapacidad nacieron para evitar que los cuidados dependieran de la caridad o de la capacidad de presión de cada familia. En este sentido, acusa al grupo de gobierno de “esquivar” el verdadero problema: la falta de personal suficiente para resolver expedientes, el retraso acumulado en valoraciones y la escasez de plazas públicas para atender la demanda insular.

La dirigente socialista señala que la isla arrastra casi mil personas a la espera del reconocimiento de discapacidad y reclama un plan específico que refuerce equipos técnicos y establezca prioridades según urgencia social. En su opinión, anunciar subvenciones puntuales no soluciona el colapso, sino que lo oculta tras titulares que, dice, “no cambian la realidad cotidiana de quienes dependen de una resolución”.

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