Desarticulada una banda criminal que explotaba a mujeres nigerianas

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en Arrecife de Lanzarote, Madrid y Vitoria, y ha liberado a cinco víctimas al desmantelar una red de explotación sexual de mujeres africanas. Según la información oficial, captaban a las víctimas en Nigeria, donde eran sometidas a rituales de vudú para doblegar su voluntad y posteriormente ser trasladadas a Europa y ejercer allí la prostitución, «bajo un clima de amenazas, palizas y coacciones», detallan los investigadores.

La Policía Nacional señala que la banda desarticulada contaba con «una fuerte infraestructura», partiendo desde Nigeria hasta llegar a nuestro país, pasando previamente por Turquía, Grecia y Francia. En Nigeria eran sometidas a rituales de vudú, y luego eran llevadas a Europa donde debían ejercer la prostitución para saldar sus deudas.

En esta operación ha sido detenida la máxima responsable de la red, también de origen nigeriano, que se encargaba de trasladar a las víctimas por diferentes provincias para obtener «el máximo beneficio» de ellas.  

Las investigaciones comenzaron en el año 2015, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal de origen nigeriano, asentada en Arrecife (Lanzarote). La red tenía un ámbito de actuación en distintos puntos del territorio nacional, en los que se obligaba a sus víctimas a ejercer la prostitución.

La organización se encargaba del traslado desde África a través de diferentes rutas por el continente africano hasta Europa, facilitándoles en el origen la documentación necesaria y aleccionándolas sobre cómo debían actuar en los puestos fronterizos para no ser detectadas en los controles policiales.

Una vez en España, las víctimas eran trasladas a diferentes ciudades del territorio nacional -como Madrid, Vitoria o Barcelona- para obligarlas allí a ejercer la prostitución, tanto callejera como en clubes, bajo el estricto control de los miembros de la red.

Rituales de vudú, palizas y coacciones

Explican desde la Policía Nacional que una vez seleccionadas, las víctimas eran sometidas a rituales de vudú «para fortalecer, mediante el miedo, su lealtad hacia los explotadores».  A través de dichos rituales, las nigerianas se comprometían a no denunciar a sus explotadores, a no escaparse y a entregar todo el dinero que obtuvieran a los miembros de la organización. Para realizar los rituales les extraían sangre, les cortaban trozos de uñas de manos y pies, pelo de la cabeza, vello púbico y de las axilas, «llegando incluso a obligarlas a comer un corazón de gallina crudo», según revelaron los testimonios.

Las victimas contraían una deuda que rondaba los 55.000 euros, a la que había que sumar los gastos de manutención, residencia e, incluso, el pago de los billetes de transporte de sus explotadores sexuales.

Una vez que llegaban a su destino, se les retiraba la documentación y se les obligaba a ejercer la prostitución, «siendo frecuentes las palizas a las que su explotadora las sometía si no ganaba lo suficiente o desobedecían sus órdenes». Únicamente podían abandonar el domicilio para ejercer la prostitución en la calle -desde las 20:00 hasta las 05:00 horas del día siguiente- siendo vigiladas continuamente por los miembros de la organización, que «informaban de todo lo acontecido a la cabecilla».

Detenciones y registros

La investigación culminó con la detención de siete personas: dos de ellas en Arrecife (Lanzarote), otras tres en Madrid y otras dos Vitoria (Álava); entre ellas la máxima responsable de la organización, una mujer de nacionalidad nigeriana, responsable de la captación y de la explotación sexual de las víctimas. 

Además, en el operativo se logró liberar a un total de cinco víctimas: dos de ellas en Arrecife, una en Barcelona, una en Valencia y una en Vitoria (Álava).

Se realizaron en el dispositivo cinco registros domiciliarios, en los que se intervinieron cerca de 2.000 euros, así como diferente documentación relacionada con la actividad investigada y efectos del juramento del vudú.

Esta operación se enmarcó dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013 por el Ministerio de Interior, y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.