Comunicado de CC ante la última reacción del Cabildo sobre el sueldo de Sosa

Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote ha criticado hoy la respuesta ofrecida por la presidenta insular sobre la polémica surgida sobre los pagos salariales recibidos por el consejero en los últimos años. Este es el comunicado público remitido a los medios informativos por los nacionalistas.

“La estrategia de la presidenta María Dolores Corujo para que el Cabildo devolviera a la Consejería de Sanidad el dinero indebidamente cobrado por el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa, se topó de bruces con el contundente reparo de legalidad de la Intervención General del Cabildo.

Así lo explica el Grupo Nacionalista (CC-PNC) en la primera institución insular, quien asegura que la Intervención del Cabildo, a la vista de la propuesta del Área de Recursos Humanos (sin duda siguiendo instrucciones) para que la presidenta decretara que fuese el Cabildo quien devolviese a Sanidad el dinero que pagó indebidamente a Sosa, y que a partir de ahora asumiera su sueldo de médico, formuló un amplio reparo de legalidad, “que tampoco nos han dado, pero del que extraen lo siguiente”:

1º.- “Que no consta acuerdo plenario estableciendo ese régimen retributivo ni de dedicación con efectos del 30 diciembre de 2019”. Fecha en que en consejero se transfuga al Gobierno.

2º.- Que la presidenta no es competente para establecer su régimen retributivo, sino el Pleno.

3º- Que el régimen de dedicación del consejero no puede ser reconocido con carácter retroactivo ni de facto, como se propone, y por tanto nos encontraríamos ante “actos expresos o presunto contrarios al ordenamiento jurídico”.

4º- Que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que pretenden aplicar, no le es de aplicación a los cabildos insulares por no estar en el ámbito de aplicación de la Ley contenido en su art.1.

Tal y como afirma CC, este informe de la Intervención general del Cabildo, ha sido duramente rebatido por la presidenta en un decreto del que dio conocimiento al Pleno el pasado viernes.

Asimismo, los nacionalistas aseguran que la presidenta no se atreve a levantar el reparo de Intervención y devuelve ahora la pelota al tejado del Gobierno, cuestionando incluso el propio informe de la ex directora general de Función Pública, en el que hasta ese momento se apoyaba, para intentar hacer lo que finalmente impidió la Intervención.

Así, recalca CC, “la presidenta dice que ‘la situación administrativa de Sosa se ajusta a lo dispuesto en la Ley’, pero no nos dice a que Ley”.

También dice la presidenta, apuntan los nacionalistas, que “Sosa comunicó a Función Pública su cambio de situación, pero no nos ha entregado aún la comunicación para que podamos ver si comunicó que ya no era portavoz o qué es exactamente lo que comunicó”.

Asimismo, insisten, “dice la presidenta que ‘la situación de servicios especiales de Sosa, está ahora sustentada en una desconocida resolución del 27 de abril de 2020’, y no en la única que cita la ex directora general de Función Pública en todos sus informes, es decir, la del 10 diciembre de 2019, aunque siguen ocultando las dos, y con todo esto se atreve a calificar su pretendida aclaración de contundente. No se puede ser más oscura ni presidir de manera más denigrante una institución”.

Por tanto, no fue por la contundencia de sus explicaciones por lo que CC retiró la comparecencia del orden del día, “sino por negarnos sistemáticamente el derecho a la información, incumplir la Ley de transparencia desde hace seis meses, y desatender su obligación de aportar el expediente antes del pleno, como pretendíamos forzar porque el asunto iba en el orden del día”.

Y es que, hasta hoy, la presidenta sigue sin entregar a la oposición un solo documento del expediente de Juan Manuel Sosa.

Por último, el Grupo Nacionalista añade que reproduciendo los términos utilizados por la propia Corujo, “la infamia, la protagoniza precisamente quien asegura que “es una estrategia de CC, cuestionar el derecho del consejero a estar liberado con cargo a la Comunidad Autónoma”, cuando puede leerse en los tres informes que es la propia ex directora general de Función Pública quien niega ese derecho y dice que lo tiene que asumir el Cabildo desde el 30 de diciembre de 2019, y que se le reintegre a la Comunidad Autónoma las retribuciones abonadas al interesado desde entonces”.

(Comunicado de Coalición Canaria. 8/11/2021.)

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