Cómo atajar el ascenso en los precios de los billetes en verano y Navidades
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado esta semana que los gobiernos de Canarias y de España han acordado por primera vez el establecimiento, con carácter experimental, de una Obligación de Servicio Público (OSP) para controlar el alza desmesurado de los precios de los billetes aéreos en una de las rutas que conectan habitualmente el Archipiélago con la Península.
La ruta que se decretará como esta OSP experimental, que se pondrá en marcha antes del próximo verano, se decidirá en un próximo encuentro de la mesa de trabajo establecida entre la Consejería y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
“Por primera vez los gobiernos de Canarias y de España hemos acordado que vamos a implantar en una de las rutas que opera entre Canarias y la Península una OSP”, manifestó Sebastián Franquis, “tenemos claro que la vamos a implantar como experiencia piloto porque queremos ver los resultados que se van a producir a partir de que se ponga en marcha. El objetivo es limitar los precios sobre todo en los momentos en que hemos constatado, según los informes de los que disponemos, que se está produciendo un incremento notable en el precio de los billetes en las épocas del verano y en Navidades”.
El consejero Franquis, junto con parte de su equipo del departamento regional de Transportes, analizó junto a la secretaria general de Transportes del Ministerio, María José Rallo, y el director general de Aviación Civil, David Benito Astudillo, los datos que manejan ambas administraciones sobre incrementos de los precios de los billetes aéreos por encima de la media en las rutas entre Canarias y la Península.
Esta OSP que se establecerá de manera piloto, una vez se decida la ruta sobre la que decreta, significará que los precios quedan regulados y por tanto se establecerá un límite al precio de los billetes para evitar incrementos desproporcionados, según han explicado desde el Ejecutivo autonómico.
