Comienza la redacción del borrador de una nueva Ley Territorial “más ágil”

“Uno de los ejes fundamentales” de la nueva Ley Territorial es que sea debatida por el Parlamento “lo antes posible”, señalaba este lunes tras la reunión de expertos la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto.

Ella, junto al presidente Fernando Clavijo, mantenían en esa jornada la primera reunión pública del grupo de trabajo –entre los que encontramos juristas, académicos y técnicos de la Consejería- ideado para elaborar la nueva legislación, cuyo objeto es “ganar en agilidad y seguridad jurídica” en materia de regulación urbanística en la geografía regional.

El Gobierno de Canarias encarga así a un grupo de expertos la redacción de la nueva Ley del Territorio, un documento donde buscarán “el máximo consenso social y político”; y por ello, anunciaba la consejera que mantendrá reuniones con grupos políticos, y las federaciones canarias de Municipios (Fecam), e Islas (Fecai).

Explicó que el borrador que ahora se empieza a elaborar busca la simplificación de los trámites y procedimientos en materia de planificación, tal y como ya anunció en su día el Presidente, analizando los cambios necesarios en la normativa urbanística y ambiental para la redacción de una nueva ley, “que no sólo agilice los procedimientos sino que también simplifique y los haga más accesibles”.

Los parques eólicos

Precisamente una de las rémoras en la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de energías limpias se ven afectados por la normativa, que condicionan la evolución de los expedientes de los parques eólicos, en primer lugar, añadiendo circunstancias jurídicas.

Según detallan desde la Consejería, los promotores están sometidos, por la legislación vigente, a un procedimiento de consultas previas que dura entre tres y cuatro meses y que, posteriormente, disponen de 18 meses para presentar el proyecto y el estudio de impacto en el departamento de Industria, que deberá sacarlo a información pública y hacer nuevas consultas a instituciones, colectivos y personas interesadas, para posteriormente enviarlo al órgano ambiental que depende de su consejería. Entre un procedimiento y otro los expedientes se tramitan en un periodo medio de 30 meses.

En segundo lugar existen además condicionantes urbanísticos y territoriales. Algunos de estos expedientes llegan a la COTMAC con informes desfavorables del Ayuntamiento o del cabildo correspondiente, por incompatibilidad con el PGOU o con el Plan Insular, pues en algunas ocasiones los proyectos se presentan sin comprobar previamente la compatibilidad con el suelo, por lo que hay que analizar si esa incompatibilidad es de carácter ambiental o solo urbanística para continuar el procedimiento.

Por último, confluyen en este tema razones técnicas a la excesiva extensión de plazos hay que añadir que, en ocasiones, falta la documentación necesaria para avanzar en el procedimiento de evaluación; que algunos de estos parques se encuentran ubicados en ámbitos ambientalmente incompatibles; y que en algunos casos se proponen recorridos excesivos de las líneas de evacuación hasta la subestación, lo que hace necesaria una revisión del proyecto. Aspectos todos que amplían los plazos de tramitación.

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