Comienza el juicio contra Pedro San Ginés por la incautación de la desaladora

Este martes, día 24 de mayo, ha comenzado en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Arrecife la vista oral del juicio contra el actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y ex presidente de la Institución, Pedro San Ginés, por un presunto delito de prevaricación por la incautación de la desaladora de la urbanización de Montaña Roja (Playa Blanca-Yaiza), perteneciente a la empresa Club Lanzarote; unos hechos que se produjeron en el año 2014.

Al entrar junto a su abogado esta mañana a los juzgados arrecifeños, San Ginés (imagen superior) aseguró estar “tranquilo” porque se sabe inocente, comentó a la prensa antes de comparecer ante el tribunal.

Junto al ex presidente del Cabildo, en el banquillo se sientan el ex secretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo; y el ex gerente entonces del propio Consejo, José Juan Hernández Duchemín.

Este juicio ya fue suspendido en noviembre de 2020, y la primera de sus vistas no se celebró la pasada semana porque la defensa del principal acusado solicitó la absolución por nulidad de actuaciones, algo que desestimó ayer la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En la vista oral de hoy se producirán las declaraciones de los tres acusados, además de la previsible intervención de varios testigos; entre ellos un agente policial de Yaiza -presente en la incautación que se hizo entonces- además de la ex edil de Haría y consejera insular (vicepresidenta del Consejo), Soraya Brito, entre otros.

Acusación

La acusación popular en este proceso judicial ha sido promovida por Carlos Meca y Pablo Ramírez, consejeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote durante el pasado mandato. Piden condenas de inhabilitación para cargo público y empleo a los tres acusados.

La acusación sostiene que la prevaricación administrativa se produjo por incautar “ilegalmente” una propiedad privada sin contar con respaldo judicial “y omitiendo los trámites obligados, para entregárselas después a Canal Gestión”.

Por su parte, Pedro San Ginés ha reiterado en numerosas ocasiones los argumentos que llevaron a la incautación, subrayando que nunca existió intención dolosa en sus actuaciones y que existían razones y requerimientos previos para realizar la misma.