CC demanda el acceso al expediente de disolución de Customer Travel

El Grupo Nacionalista (CC-PNC-SB) en el Cabildo de Lanzarote llevará mañana a pleno instar al Consejo de Administración de la EPEL-CACT a que adopte el acuerdo de dirigirse al juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas para que facilite y se ponga a disposición de todos miembros del consejo, el expediente íntegro que obra en el procedimiento ordinario que concluyó con la disolución de la sociedad Customer Travel.

Según el representante de los nacionalistas en el citado Consejo de Administración, Samuel Martín, “tras pedir certificación en el Registro Mercantil, hemos sabido que la empresa Customer Travel SL, que adeuda a los CACT unos 600.000 euros por sentencia judicial, se encuentra disuelta en período de liquidación, ‘por sentencia firme a los solos efectos registrales por el Magistrado Juez’ del mencionado juzgado”.

Así, el 5 de Julio de 2016 fue practicada anotación preventiva de la disolución de la Sociedad, de la revocación de los administradores y de la conversión de los mismos en liquidadores solidarios, según explican desde CC.

“Dicha certificación”, explica Martín, “acredita que no consta que la referida mercantil haya depositado las cuentas anuales desde 2011 hasta la actualidad, incumpliendo así con sus obligaciones fiscales y registrales”.

Los nacionalistas aseguran también que ha habido reiteradas iniciativas ante los juzgados por parte de los servicios jurídicos de los CACT para la referida ejecución, “sin que fuera posible siquiera la comunicación a los afectados, que dos meses después de la orden de ejecución obtuvieron la disolución de la sociedad”.

“Hasta donde nosotros sabemos, una empresa con deudas puede disolverse pero no liquidarse sin más. Desconocemos cuales han sido las causas alegadas y por las que el juez sentenció la disolución de la misma, pero en cualquier caso, si tiene deudas, éstas han de ser atendidas vendiendo activos o instando el concurso de acreedores”, apunta el representante nacionalista.

CC-PNC-SB insiste en su moción en que el consejero delegado de la entidad, el socialista Juan Félix Eugenio, “está en la obligación de investigar la situación de la sociedad deudora e instar el concurso necesario de acreedores si se dieran las condiciones para ello, y, en su caso, emprender acciones de responsabilidad civil de los administradores de la sociedad”.

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