Canarias pide a Marruecos y al Estado trabajar por la reunificación familiar de los menores llegados en patera


Las islas plantean hoy la necesidad de que el Estado trabaje con el reino de Marruecos al objeto de poder reagrupar con sus familias a los menores que en las últimas semanas han llegado a las islas, como así lo indican las diferentes Cartas de Derechos Humanos, en cuanto a «garantizar el interés superior del menor como principio en materia de derechos del niño y la niña y que el país alauita también ha firmado», según recuerdan desde el Ejecutivo regional.

Francisco Candil, viceconsejero de Políticas Sociales manifestó que «las Comunidades Autónomas somos conscientes de cuáles son nuestras competencias y no es necesario que el Estado nos la recuerde permanentemente, ese debate está superado, pero hemos insistido en que hay una serie de problemas que necesitan soluciones concretas y no estamos obteniendo respuesta por parte del Ministerio».

Candil informó que en la Mesa, en la que participaron diferentes ministerios -Justicia, Interior, Sanidad y Exteriores- así como la Fiscalía y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se volvieron a plantear «los mismos problemas» que han venido demandando las Comunidades Autónomas como son los retrasos en la prueba de edad, la gestión y tramitación de la documentación, el ingreso en los centros de protección a la infancia sin determinar previamente al minoría de edad, etc.

«Se trata de los problemas de siempre para los que el Gobierno del Estado sigue sin aportar soluciones concretas». En este sentido, Candil mostró su preocupación porque «se está ingresando a personas inmigrantes en los centros de protección simplemente porque se declaran menores de edad, cuando claramente su apariencia es de personas adultas». Comentó hoy.

«De hecho», continuó Candil, «sólo cuatro de los once inmigrantes a los que se han realizado las últimas pruebas óseas eran menores , por lo que además, debido al retraso de las pruebas óseas el resultado es que siete adultos han permanecido conviviendo con menores en el sistema de protección y eso no puede ocurrir».

El principal problema es que desde el momento que un extranjero se declara menor de edad, se ordena el ingreso en el sistema de protección. «Esto entendemos que debe ser así en los casos en que no haya duda de la minoría de edad y en los que esa duda exista pero no se entiende en el caso en que sea evidente que se trata de mayores de edad y así se lo hemos trasladado al Estado», insistió Candil.

Las Comunidades Autónomas receptoras de inmigración han sido unánimes al resaltar «que el sistema de protección a la infancia no es la solución a las expectativas de los menores extranjeros no acompañados (…) Está claro que los problemas de estos chicos no son de desestructuración familiar, sino que sencillamente creen que aquí hay mejor futuro que en su país por lo que hay que empezar a trabajar en otro sentido».

Candil ahondó en que «la decisión sobre el futuro de cada uno de los menores no acompañados deberían adoptarla las autoridades competentes en el plazo más breve posible, teniendo en cuenta la obligación de intentar rastrear a la familia, explorar otras posibilidades de reintegración en la sociedad de origen y determinar cual es la solución que respeta el interés superior del menor».

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