Canarias está dispuesta a acoger a los refugiados que designe el Estado

“Esperábamos mucho más de la reunión”, está es la impresión de la viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, al término de la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada el martes en Madrid, y cuyo único punto del Orden del Día era “Acogida de solicitantes de protección Internacional. Evolución y perspectivas”. “El Ministerio no ha concretado ni el número de personas refugiadas que acogerá España, ni el reparto a las Comunidades Autónomas, ni los criterios de ese reparto”.

El Ministerio de Trabajo volverá a emplazar a las Comunidades Autónomas a partir del día catorce de septiembre, día en el que se celebra la Cumbre de ministros del Interior de la Unión Europea.

“Desde Canarias hemos expresado nuestra preocupación porque entendemos que es necesaria una actuación rápida, eficaz y decidida, nos encontramos ante ante una situación extrema de personas que ya están en la Unión Europea o esperando para salir de forma desesperada del horror de la guerra” declaró Mena.

En este sentido, Canarias ha expresado su postura “estamos en disposición de acoger a todos los refugiados sirios que le asigne el Estado y ya estamos trabajando en colaboración con Cabildos, Ayuntamientos y Organizaciones No Gubernamentales para recopilar un inventario con los recursos e infraestructuras que podemos poner a disposición de las personas que lo necesiten” continuó Mena.

Este miércoles, a las nueve de la mañana, la viceconsejera mantendrá una reunión de trabajo con la Comisión de Ayuda al Refugiado.

Mena transmitió a la Ministra de Trabajo “la necesidad de volver a dotar presupuestariamente el Fondo Estatal de Inmigración como herramienta necesaria, no solo para la acogida sino también de integración de las personas que llegan a España”.

“Como parte positiva me quedo con que en la reunión, la ministra de Trabajo ha declarado que España aceptará la cuota que le designe la Unión Europea, aunque también he de decir que en esta decisión ha tenido mucho que ver la presión de la ciudadanía, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Organizaciones No Gubernamentales”, finalizó la viceconsejera.

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