Alternativa recurre el archivo de la causa contra los gestores de INALSA

Alternativa Ciudadana 25 de Mayo insistía hoy en que se juzguen los posibles delitos de tráfico de influencias y administración desleal en la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote SA (INALSA), después de que el pasado 14 de febrero presentara un Recurso de Reforma contra el Auto de 1 de febrero de 2017 en el que se acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra los administradores de INALSA, según confirman desde la formación.

Considera “intolerable” que los responsables de INALSA y del Consorcio de Aguas de Lanzarote no respondan ante los que definen como “indicios suficientes de comisión de delitos con una “gestión desleal” y la privatización apresurada de INALSA para salvar los bienes embargados de los 16 ex consejeros de esta empresa”.

Piden que se reforme esta resolución judicial y que se lleve a cabo el informe pericial contable pendiente “de una sociedad pública que ni siquiera presentaba las cuentas con regularidad ni a la Audiencia de Cuentas de Canarias ni al Registro Mercantil”, afirman hoy en un comunicado público.

Según el Recurso de Reforma, el Auto de sobreseimiento “infringe el artículo 24 de la Constitución española, por falta de motivación en la resolución de archivo, y del artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), pues no se ha agotado la posibilidad de averiguación del objeto de la instrucción”.

Estiman que no se ha realizado un examen de la contabilidad “ni de las cuentas corrientes titularidad de  INALSA para identificar así los traspasos monetarios entre ésta y el Consorcio Insular de Aguas desde 2006 a la actualidad, así como su justificación contable o mercantil”.

Por último, Alternativa ve indicios suficientes de comisión de delitos para continuar con la instrucción.  “De la instrucción practicada existen indicios suficientes para imputar a los miembros del Consejo de Administración, así como contra aquellas personas que han ostentado la Gerencia de INALSA, como a los miembros del Consorcio de Agua de Lanzarote, entre las fechas comprendidas del 10 de julio de 2005 a 13 de septiembre de 2013 de la comisión de un delito de administración desleal y de un delito de tráfico de influencias”, argumentan.

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