Adiós a los sorteos: Canarias cambia el sistema para acceder a la vivienda pública
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un nuevo decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública en el archipiélago. La norma introduce cambios relevantes en el modelo de acceso al parque público, que a partir de ahora se basará en un sistema de baremación en lugar del tradicional sorteo.
La medida fue propuesta por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y tiene como objetivo establecer un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos relacionados con la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes.
El Ejecutivo autonómico considera que el nuevo sistema permitirá mejorar la equidad y la transparencia en la asignación de viviendas protegidas, priorizando a quienes acrediten mayor necesidad dentro del registro de demandantes.
El decreto también introduce modificaciones en el proceso de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. A partir de ahora, el trámite podrá realizarse de forma telemática mediante un formulario basado en una declaración responsable.
Con este sistema se elimina la necesidad de solicitar cita previa o acudir presencialmente a las oficinas administrativas, lo que según el Gobierno regional permitirá agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de gestión.
Entre los requisitos para optar a una vivienda protegida de promoción pública se establece que la persona solicitante deberá ser mayor de edad o menor emancipado y estar inscrita en el registro correspondiente.
Además, se exige acreditar una residencia mínima en Canarias de doce años de forma continuada o quince años en caso de residencia discontinua.
Requisitos de arraigo y cupos sociales
El nuevo decreto también refuerza los requisitos de arraigo en el territorio. Para poder acceder a una vivienda pública será necesario acreditar al menos cinco años de residencia o actividad laboral continuada en el municipio donde se ubique la promoción.
Esta condición no se aplicará en el caso de víctimas de violencia de género cuando las circunstancias hayan impedido su permanencia en el municipio de residencia habitual.
La normativa mantiene y amplía los cupos reservados para colectivos prioritarios. Entre ellos se incluye una reserva mínima del 20% para jóvenes de hasta 35 años, un 10% para personas mayores de 65 años y otro 10% para personas con limitaciones funcionales graves relacionadas con la movilidad o la comunicación.
También se establece un cupo del 8% para víctimas de violencia de género y hasta un 1% para personas emigrantes retornadas.
Con esta reforma normativa, el Gobierno de Canarias pretende adaptar el sistema de adjudicación al nuevo modelo de políticas públicas de vivienda y a las necesidades sociales actuales del archipiélago.
