La Audiencia Nacional frena la extradición de un detenido reclamado por la Interpol
La Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Marruecos de un ciudadano de ese país que fue detenido en Arrecife en 2024 por agentes de la Policía Local, en cumplimiento de una orden internacional de Interpol. El hombre estaba reclamado por las autoridades marroquíes por su presunta participación en la organización y facilitación de salidas irregulares de personas desde zonas fronterizas hacia Canarias.
La resolución judicial, fechada a finales de octubre de 2026, considera que no se cumple uno de los requisitos necesarios para autorizar la extradición: que el delito por el que se reclama al acusado esté castigado en España con una pena mínima de dos años de prisión.
En concreto, la solicitud marroquí se refería a un presunto delito de emigración e inmigración ilegales, para el que la legislación de ese país contempla penas de hasta 20 años de privación de libertad. Sin embargo, la Audiencia Nacional señala que el artículo 318 bis del Código Penal español establece para estos hechos penas de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
El límite de las penas en España
El tribunal recoge que tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del reclamado coincidieron en que no se cumplía el requisito del mínimo punitivo establecido en el convenio bilateral entre España y Marruecos. Por este motivo, rechazó la entrega del ciudadano a las autoridades judiciales marroquíes.
El procedimiento se inició después de que Interpol comunicara su detención en Arrecife, el 17 de noviembre de 2025, según recoge el auto judicial. El hombre quedó entonces a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su puesta en libertad.
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha utilizado esta resolución para reclamar una modificación del Código Penal que permita endurecer las penas por la organización de viajes irregulares en pateras con destino a Canarias.
El regidor también ha recordado el caso de los tres hombres investigados por la presunta violación de una mujer durante una travesía en patera por aguas internacionales, cuya situación judicial generó una fuerte polémica por las dificultades para juzgar los hechos en España.
De León considera que una reforma legislativa facilitaría las extradiciones de personas reclamadas por otros países por su presunta implicación en redes dedicadas a organizar estas travesías.
