Los empresarios recelan de los usos residenciales en los complejos turísticos

Las principales patronales turísticas de Canarias han advertido de las consecuencias que tendría una liberalización generalizada de los usos residenciales en los establecimientos turísticos de las islas. FEHT Las Palmas, Ashotel, Asofuer y Asolan consideran que una medida de este alcance podría comprometer la continuidad del sector extrahotelero, con efectos sobre el empleo, la actividad económica, la recaudación pública y la competitividad del destino.

Las organizaciones empresariales defienden la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual y ofrecer seguridad jurídica ante las distintas situaciones generadas durante décadas en numerosos complejos turísticos. Sin embargo, diferencian esta actualización de una liberalización indiscriminada que, a su juicio, podría desdibujar la naturaleza turística de estos establecimientos.

En este contexto, las patronales respaldan el trabajo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias para actualizar la regulación manteniendo las condiciones que permitan garantizar el funcionamiento ordenado de los establecimientos turísticos.

Uno de los principales argumentos del sector es la necesidad de mantener una gestión conjunta de los costes y servicios. El mantenimiento de zonas comunes, la renovación de instalaciones, los equipamientos y los servicios destinados a los visitantes requieren inversiones permanentes y unos estándares homogéneos de calidad.

Las patronales citan estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre los efectos de la residencialización. Según las cifras expuestas en las jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas de 2024, estos procesos se asociaron a una pérdida anual estimada de 3.586 millones de euros de facturación, 943 millones de euros de recaudación fiscal y 88.000 empleos.

El sector sostiene que la conversión progresiva de plazas turísticas en viviendas reduce la capacidad alojativa reglada y puede dificultar la viabilidad económica, el mantenimiento y la renovación de los complejos.

FEHT, Ashotel, Asofuer y Asolan aceptan que se estudien situaciones particulares y determinados procedimientos sancionadores, pero rechazan que su solución pase por extender el uso residencial a nuevos inmuebles concebidos originalmente para el alojamiento turístico.

Asimismo, recuerdan que los propietarios que puedan acreditar un uso residencial anterior al 1 de enero de 2017 pueden mantenerlo en los términos establecidos legalmente. Para las patronales, esta vía permite atender situaciones residenciales consolidadas sin favorecer una progresiva pérdida de plazas turísticas en Canarias.

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