La Audiencia condena solo al interventor en la última pieza del caso Montecarlo

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado únicamente al que fuera interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Francisco Sáenz Melero, en la sexta y última pieza del conocido caso Montecarlo, mientras que ha absuelto a los otros diez acusados que se sentaban en el banquillo.

Según el fallo de la sentencia, el tribunal considera a Sáenz Melero cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación administrativa y de un delito continuado de fraude a la Administración. Por estos hechos le impone una pena de un año de prisión, además de un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

La resolución aprecia, además, las circunstancias atenuantes de confesión tardía y de dilaciones indebidas durante la tramitación del procedimiento. En cambio, el acusado resulta absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil de los que también había sido acusado. La sentencia le impone igualmente el pago de las costas procesales.

Fin de la sexta pieza del caso

El pronunciamiento judicial pone fin a la sexta y última pieza del caso Montecarlo, una de las investigaciones judiciales de mayor recorrido relacionadas con la contratación pública en Lanzarote. La causa analizaba presuntas irregularidades en diversos expedientes de contratación del Ayuntamiento de Arrecife durante el periodo comprendido entre 2009 y 2012.

El juicio por esta última pieza comenzó el 7 de octubre de 2025 y quedó visto para sentencia tras la celebración de las distintas sesiones en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La sentencia absuelve a los otros diez acusados que fueron juzgados en esta última pieza de la causa. Entre ellos figuran el exalcalde de Arrecife José Montelongo; los exconcejales Lorenzo Lemaur, Isabel Martinón, Eduardo Lasso y Víctor Sanginés; el empresario Eduardo Ferrer, administrador de Tunera Producciones; y los trabajadores municipales Francisco Hernández Betancort, Miguel Ángel Leal, Blas Antonio Cedrés y José Nieves Caraballo, que quedan exonerados de los cargos por los que fueron procesados.

Esta sexta pieza puso el foco en presuntas irregularidades relacionadas con pagos y contrataciones municipales efectuadas entre 2009 y 2012, dentro de una investigación que se ha prolongado durante más de una década y que ha dado lugar a distintas causas judiciales con resoluciones independientes.

El juicio comenzó el 7 de octubre de 2025 y quedó visto para sentencia tras varias sesiones celebradas en la Audiencia Provincial.

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