La Audiencia de Las Palmas absuelve a los directivos acusados de Emalsa
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a los quince directivos de las sociedades privadas vinculadas a Emalsa -la empresa mixta de aguas de la capital grancanaria- que estaban acusados de apropiación indebida y administración desleal. El fallo, notificado este jueves 27 de noviembre, pone fin a años de investigación impulsada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares ejercidas por el comité de empresa y la asociación El sol sale para todos.
La sentencia, de 144 folios, concluye que no hubo apoderamiento de dinero por parte de quienes administraban el patrimonio de la mercantil. Según la Sala, los hechos analizados se ajustan a lo previsto en los estatutos de Emalsa, que regulan la retribución por separado de las prestaciones asumidas por los socios privados para el desarrollo de la actividad comercial de la empresa. El tribunal sostiene que los pagos controvertidos respondían a dicha estructura estatutaria.
Facturas justificadas
El fallo señala que las facturas cobradas por Saur y Valoriza entre 2008 y 2012, correspondientes a “suplidos o prestaciones accesorias”, respondían a desembolsos realizados para cubrir salarios y cuotas de seguridad social de empleados propios de ambas compañías. Algunos de estos trabajadores prestaban servicio de forma exclusiva a Emalsa; otros colaboraban en la gestión diaria sin llegar a estar desplazados formalmente.
La Audiencia concluye que las acusaciones no lograron desvirtuar la presunción de inocencia. El tribunal deja claro que no existe acreditación suficiente para sostener que los directivos actuaran con ánimo de favorecer de forma injustificada a las empresas privadas asociadas a Emalsa. En su valoración jurídica, la Sala subraya que los pagos correspondían a prestaciones regladas y respaldadas por los estatutos.
La absolución supone un nuevo capítulo en la gestión de la empresa mixta, regularmente sometida a escrutinio público debido a su estructura y al peso de capital privado en un servicio esencial. Esta resolución judicial despeja, por ahora, la vía penal respecto a los hechos juzgados. No obstante, el caso mantiene viva la discusión sobre la transparencia y la fiscalización de los modelos de gestión mixta en servicios básicos como el abastecimiento de agua.
La sentencia puede ser recurrida ante instancias superiores, aunque por el momento cierra uno de los procesos más extensos y mediáticos vinculados a Emalsa en la última década.
