Lanzarote En Pie advierte del posible uso ilegal de las cámaras de vigilancia
Lanzarote En Pie (LEP) ha lanzado una advertencia pública al Ayuntamiento de Arrecife por el posible uso indebido de las cámaras municipales de videovigilancia, señalando los riesgos económicos y legales que podría acarrear la difusión de imágenes captadas por estos dispositivos.
La advertencia se ha producido tras la publicación, en redes sociales del Ayuntamiento, de una grabación donde se observa a una persona arrojando enseres en una zona de contenedores. Este hecho se enmarca dentro de la campaña que la corporación local ha puesto en marcha contra los vertidos ilegales en la capital lanzaroteña, mediante la identificación de personas a través de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia.
Desde LEP han reiterado su apoyo a las iniciativas encaminadas a mejorar la seguridad ciudadana y a combatir actitudes incívicas. No obstante, han insistido en que el Ayuntamiento está obligado a respetar la legislación vigente en materia de videovigilancia y protección de datos personales.
Según ha señalado el portavoz de LEP, Leandro Delgado, la normativa distingue claramente entre los diferentes tipos de cámaras y sus fines: “No cuestionamos su utilidad, pero deben usarse con estricto respeto a la legalidad. Lo contrario podría derivar en importantes sanciones económicas para el Ayuntamiento, que terminarían recayendo sobre la ciudadanía”, ha manifestado.
Autorización previa
La organización municipalista ha recordado que las cámaras destinadas a la vigilancia de la seguridad ciudadana requieren autorización previa de la Delegación del Gobierno, así como informes vinculantes de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia. Además, las zonas donde estén instaladas deben estar correctamente señalizadas y las imágenes no pueden utilizarse con fines distintos ni difundirse sin permiso expreso, según LEP.
En este sentido, LEP ha subrayado que las grabaciones captadas por estas cámaras contienen datos personales, por lo que están protegidas por principios como la limitación de la finalidad, la minimización de datos y la proporcionalidad. La difusión no autorizada podría suponer, según la formación, una vulneración grave de estos principios.
“Difundir imágenes sin respaldo legal no solo es una temeridad, sino que compromete los derechos fundamentales de la ciudadanía y expone al municipio a multas cuantiosas”, ha advertido Delgado.
Además, LEP ha aprovechado para reclamar mejoras en el servicio de recogida de enseres a domicilio, ante las numerosas quejas de vecinos por su ineficiencia. A su juicio, una gestión más eficaz del servicio reduciría los vertidos ilegales sin necesidad de recurrir a prácticas que puedan rozar la ilegalidad.
