El Grupo Podemos denuncia ante Fiscalía pagos del Cabildo por 4M€
El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote presentó el pasado viernes una denuncia en la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Lanzarote, poniendo en su conocimiento, según señalan este lunes desde la formación, “que el presidente de la institución, Pedro San Ginés, autorizó el pago de 4 millones euros en facturas a pesar de las advertencias de ilegalidad que efectuó en todo momento la intervención del Cabildo”.
Explican que las facturas corresponden a pagos efectuados en los últimos cuatro años a empresas farmacéuticas, agencias de viajes, empresas de transporte, de seguridad, de audiovisuales, etc.
Los importes por año son los siguientes: 2015, 1.074.000 euros. 2014, 1.200.000 euros. 2013, 758.000 euros. Y 2012, 1.050.000 euros. En total, más de cuatro millones de euros.
En el escrito presentado a la Fiscalía se ha hecho constar, dicen, que los motivos para la denuncia “han sido tanto los defectos de tramitación advertidos por el servicio de Intervención del Cabildo, consistentes en no haberse tramitado los correspondientes expedientes de contratación con arreglo a la Ley de Contratos de Servicios Públicos”, así como por el “considerable número de facturas” en las que la Presidencia ha resuelto levantar los reparos.
Podemos considera que estos hechos pudieran incardinarse en el capítulo XIX del código penal, Delitos contra la Administración Pública.
Recuerda Podemos que estos hechos habían sido denunciados en “al menos tres sesiones del Pleno del Cabildo” en los últimos meses por parte del grupo Podemos. En todas las ocasiones, la respuesta del presidente “fue que la ley le faculta para levantar los reparos de intervención y que es algo normal dentro del funcionamiento de la institución”.
Sin embargo, desde este grupo político se considera que la capacidad del presidente de levantar los reparos puestos por intervención “debiera ser una herramienta excepcional”, solo para emplear en aquellos casos en los que estuviera debidamente justificados los motivos por los que no ha sido posible cumplir con lo establecido por la Ley de Contratos de Servicios Públicos.
Las consecuencias de este proceder son, enumeran por un lado, “que se ha podido estar beneficiando a determinadas empresas”, ya que se les han pagado servicios y productos presuntamente al margen de la Ley de Contratos, así como “el perjuicio económico para las arcas del Cabildo, que podría haber conseguido precios menores de haberse incoado los correspondientes concursos públicos”, estiman desde la formación magenta.
