NC afirma que hay base legal para reclamar la gestión de los aeropuertos
Nueva Canarias (NC) afirma que hay base legal para reclamar la gestión de los aeropuertos canarios y para que el Gobierno de CC y PSOE defienda la aplicación del artículo 33.13 que dice que, a la Comunidad Autónoma, le corresponde la competencia de ejecución de puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.
El portavoz del grupo parlamentario de NC, Román Rodríguez, hará esta propuesta al jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento que comienza este martes.
Nueva Canarias ha solicitado la comparecencia de la consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón, sobre la venta del 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a afecto con la oposición de los grupos en el Parlamento de Canarias salvo el PP de José Manuel Soria.
Román Rodríguez afirmó que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia del pasado mes de febrero, ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura contra los acuerdos del Consejo de Ministros de julio de 2014 y enero de 2015 para vender el 49% de las acciones de AENA, como también hizo en abril de 2015 con la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo canario para excluir a los aeropuertos de interés general de las islas de esta operación.
Sin embargo, según el portavoz de NC, el Supremo abre la vía para que, una vez privatizado parcialmente el gestor aeroportuario estatal, el Gobierno canario demande que se le transfiera la gestión de los ocho aeródromos existentes en las islas en base al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, que contempla esta posibilidad si el Estado no asume la gestión directa de las citadas instalaciones.
Rodríguez refirió que el tribunal, en su sentencia, dice que «esta privatización parcial conlleva la creación de lo que se denomina una sociedad económica mixta y eventualmente la posibilidad de que la Comunidad Autónoma canaria pudiera entender que nos encontramos ante una forma de gestión indirecta que le permitiese reivindicar frente al Estado su competencia ejecutiva (artículo 33.13 del Estatuto) para la gestión de determinados servicios de los aeropuertos ubicados en el territorio de Comunidad Autónoma. Ahora bien, la lesión de sus competencias estatutarias no se produce por los acuerdos impugnados, cuyo contenido no guarda relación con la negación de competencia autonómica alguna, pues estos se limitan a cumplir con una previsión legal que le permiten la venta de parte del capital de dicha entidad en el uso de sus competencias, y la Comunidad Autónoma de Canarias no esgrime precepto o título competencial que impida al Estado vender una parte minoritaria del capital de dicha entidad. Cuestión distinta es si, caso de llevarse a efecto dicha enajenación, la Comunidad Autónoma podría reivindicar, esgrimiendo su competencia ejecutiva, la gestión de determinados servicios, pero esta pretensión es ajena y necesariamente posterior a la materialización de los acuerdos impugnados, pues, como acertadamente señala el abogado del Estado, solo podrá plantearse si la venta parcial del capital de AENA se consuma. Ello podría dar lugar a un requerimiento competencial que, aunque tomando como punto de partida la venta que los acuerdos impugnados autorizan, sería autónomo e independiente de los mismos, pero este no es el objeto de nuestro litigio.”
Román Rodríguez demandó al jefe del Ejecutivo que «reclame ya» la gestión de los aeropuertos «porque hay cobertura jurídica para invocar» la aplicación del artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, en la medida que «se reconoce que la gestión mixta es indirecta». Recordó que, en la pasada legislatura, NC, el PSOE y CC rechazaron esta operación dirigida por el Ministerio de Fomento. El Gobierno, agregó, puede actuar por la vía política, a través de la Comisión Mixta de Transferencias entre Canarias y el Estado, y también en el Tribunal Constitucional.
Los diputados nacionalistas consideran que la venta fue «innecesaria y sólo justificada por razones ideológicas». El Gobierno del PP «regaló el patrimonio público a los amigos», según Román Rodríguez. Del 49% vendido, el 21% fue para tres inversores de referencia escogidos por el gabinete de Rajoy (Banca March, Ferrovial y el fondo británico The Children,s Investment Fund), y el 28% restante, en los mercados. Un año después las acciones valen el doble, señaló el portavoz de NC.»Es el ejemplo perfecto de la lógica del PP de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas», concluyó.
