Más de 17.000 familias no pagarán el alquiler de su vivienda social en el estado de alarma
El Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes el Decreto-ley de Medidas Extraordinarias de Carácter Social que incluyen varias acciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, ya que se exime a 17.253 familias inquilinas de una vivienda social propiedad de la Comunidad Autónoma del pago del alquiler mensual desde este mes de abril y hasta que acabe el estado de alarma.
Esta medida, como el resto de las que contempla el decreto-ley, ha sido incluida con el objetivo de apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población, como son los adjudicatarios de viviendas protegidas, según han remarcado desde el Ejecutivo.
El consejero del área ha comparecido hoy, junto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, para detallar las actuaciones que en materia de Vivienda se aplicarán gracias al decreto-ley aprobado esta tarde. De esta forma, destacó Franquis, la principal medida será la de exonerar a los inquilinos de una vivienda social del pago de alquiler.
Esta iniciativa se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), y a las viviendas titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi, con un total de 4.528.
El consejero Franquis recordó que el Icavi, desde el pasado 1 de abril, ha dejado de cobrar las mensualidades a estas más de 17.000 familias ya que los inquilinos de esas viviendas protegidas del parque público regional se benefician automáticamente, y sin tener que hacer ninguna gestión, de la suspensión de los pagos.
Esta medida se prolongará hasta el final del mes en que se levante el estado de alarma y también se compensará las dos semanas de marzo que sí se vieron afectadas por esta crisis sanitaria. También se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.
El Icavi estima en cerca de 900.000 euros mensuales el impacto económico que supone la aplicación de esa medida, que beneficiará a más de 17.000 familias vulnerables del Archipiélago.
