Los empleados públicos cobrarán antes de 2016 parte de la extra de 2012
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Aarón Afonso, reivindicó hoy en sede parlamentaria que el pago a los empleados públicos de esta comunidad autónoma de la parte restante de la extra de Navidad de 2012 hasta alcanzar el 50% (equivalente a 90 días de devengo) se hará lo antes posible, tal y como ya había adelantado el lunes de la semana pasada. Afonso recalcó que en cualquier caso, esta parte estará ingresada en diciembre a más tardar.
Para ello, explicó que el Ejecutivo autonómico destinará una partida presupuestaria dentro del crédito extraordinario que deberá tramitar en el Parlamento y debido a que no hay más remedio que tramitarlo vía ley, no puede hacerse de forma inmediata.
Hay que recordar que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy suprimió esa paga en julio de 2012. Mientras que el Estado pagó la primera parte apenas este mismo año, Afonso recordó que el Gobierno de Canarias fue el primero en reponer de oficio al personal de la Comunidad la parte proporcional de la paga junto con la nómina de abril del año pasado, algo a lo que el Estado llegó a oponerse y ni siquiera se planteó hacer en el ejercicio pasado. Ademas, Canarias ya abonó el 100% a los empleados del ámbito de la Justicia.
Afonso quiso así advertir contra la tentación de caer en la demagogia al comparar ahora al Estado con las comunidades para hacer ver que el Ejecutivo central hará un abono el próximo mes mientras que las autonomías tendrán que ir después. Aclaró que ambas administraciones se rigen por procedimientos distintos, lo que obliga a las regiones a efectuar el pago necesariamente después del Estado, cosa que no hubiera ocurrido si el Gobierno nacional se hubiera coordinado con las comunidades autónomas, pero está claro que esa nunca fue la intención.
Además, tal y como ya explicó esta Consejería, Canarias no dispone de instrumentos tan ágiles como los decreto ley que sí tiene el Gobierno central para tramitar el pago, por lo que la asignación de los recursos necesarios a este fin deberá encauzarse a través de una ley de crédito extraordinario que conlleva, como es lógico, su correspondiente tramitación parlamentaria.
Aunque el Ejecutivo regional procederá con la mayor celeridad posible, señaló Afonso, esta circunstancia implica acudir a un procedimiento más lento que la simple aprobación de un crédito extraordinario a través del Consejo de Ministros. Así, si la Comunidad Autónoma contara con el nuevo Estatuto de Autonomía esto no sería un problema, pero la Mesa del Congreso, en la que el PP es mayoría, lleva cinco meses pensando si lo admite a trámite y aún no lo hace, recordó Afonso.
