La vivienda dificulta contratar personal en Lanzarote, alerta la patronal
La Confederación Empresarial de Lanzarote reclama medidas para mejorar el acceso a la vivienda ante las dificultades que, según asegura, están encontrando trabajadores y empresas para establecerse y desarrollar su actividad en la isla.
La organización empresarial se ha pronunciado después del anuncio de CCOO y UGT de una huelga general para el próximo 11 de noviembre, convocatoria que estará vinculada a las condiciones de acceso a la vivienda, los salarios y la negociación colectiva.
La patronal lanzaroteña sostiene que el precio y la disponibilidad de viviendas se han convertido en un factor que afecta también al mercado laboral. Según su presidenta, Beatriz Salazar, hay profesionales dispuestos a trabajar en Lanzarote que finalmente descartan establecerse en la isla porque no encuentran una vivienda a un precio que puedan asumir.
La Confederación considera que esta situación puede dificultar a las empresas cubrir determinados puestos de trabajo y retener a profesionales, y reclama que las administraciones adopten medidas para incrementar la oferta residencial.
Más vivienda y menos trabas administrativas
Entre las actuaciones que propone la organización empresarial figura agilizar la disponibilidad de suelo y los procedimientos para obtener licencias de construcción. También plantea incrementar la vivienda pública y protegida, fomentar la colaboración entre las administraciones y el sector privado y reforzar la seguridad jurídica para facilitar la promoción de nuevos inmuebles.
La patronal considera que el problema requiere medidas estructurales y acuerdos entre las distintas partes implicadas, en lugar de actuaciones puntuales.
La organización empresarial también se refiere a la cuestión salarial, uno de los asuntos incluidos en la convocatoria de huelga anunciada por CCOO y UGT. En este ámbito, defiende que las condiciones retributivas deben abordarse mediante la negociación colectiva y teniendo en cuenta las particularidades económicas de cada sector.
La Confederación rechaza, al mismo tiempo, que el coste de resolver las dificultades de acceso a la vivienda recaiga sobre las empresas. Su posición es que se trata de un problema estructural que requiere la intervención coordinada de las administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales.
La situación de la vivienda se suma así a las dificultades que afrontan determinados sectores de la economía insular para disponer de trabajadores. La organización empresarial vincula ambas cuestiones y reclama que el aumento de la oferta residencial forme parte de las medidas destinadas a facilitar el acceso de los trabajadores a la isla.
