La liberalización de las ITVs no ha sido positiva, según Podemos

El Grupo Parlamentario de Podemos denuncia las consecuencias de la liberalización del mercado de las ITVs. El diputado, Francisco Déniz, solicita al consejero de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias que intervenga ante esta situación que está generando un importante riesgo para la seguridad de la ciudadanía y una merma en las condiciones de trabajo de los empleados de este sector.

Déniz explica que desde 2007, cuando se liberalizan las inspecciones de vehículos, las empresas “han bajado el listón de la seguridad siguiendo sólo criterios de rentabilidad”. Y es que en la actualidad el índice de rechazo se sitúa en un 15% cuando antes de la liberalización estaba en el 30%.

Según Déniz, como lo que prima es la rentabilidad, las empresas tienen “una ratio de inspección de 7 vehículos por hora y línea, lo que es imposible”. Además añade “que se están haciendo revisiones de transporte escolar en 15 minutos cuando deberían realizarse en más de una hora”. El diputado de Podemos en el Parlamento regional asegura además que “la Consejería mantiene sólo tres interventores, como antes de la liberalización, para toda comprobar las 25 ITVs en activo de toda Canarias, es decir que carece de medios y de personal suficiente para inspeccionar cada estación”.

Podemos también se solidariza y se une a la huelga que mantienen desde el mes de febrero los trabajadores de Applus Iteuve Technology en protesta por el empeoramiento de sus condiciones laborales. Según el comité de empresa, las nuevas estaciones tratan de acaparar cuota de mercado a través de una merma de los derechos de los trabajadores “con contratos precarios y obligando a que acepten todo lo que soporte el papel, desde trabajar los domingos sin compensación ninguna o firmar convenios muy por debajo de los demás operadores”.

Por todo ello, el diputado del Grupo Parlamentario de Podemos pide al consejero que se reúna con estos trabajadores y promueva un nuevo convenio regional del sector “que prime la seguridad y los derechos de los trabajadores”.

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