La Justicia canaria se prepara para las restricciones de la visita de León XIV
La visita del papa León XIV a Canarias sigue generando ajustes organizativos en distintos ámbitos de la administración pública. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha recomendado a los órganos judiciales de Gran Canaria y Tenerife que eviten, en la medida de lo posible, la celebración de actuaciones judiciales presenciales no urgentes durante los días en los que el Pontífice estará en cada una de las islas.
La medida afecta al 11 de junio en Gran Canaria y al 12 de junio en Tenerife, fechas en las que se esperan importantes restricciones de movilidad vinculadas a los actos oficiales y a los dispositivos de seguridad previstos con motivo de la visita papal.
La decisión ha sido adoptada por el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, mediante un acuerdo dictado este miércoles tras la reunión de la Comisión de Seguimiento creada para coordinar la actividad judicial durante este evento. El acuerdo también tiene en cuenta la comunicación remitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que activó una situación de prealerta ante la previsión de concentraciones multitudinarias.
El documento solicita a jueces y responsables de órganos judiciales que revisen con antelación los señalamientos programados para esas jornadas y valoren su reorganización cuando exista riesgo de que las limitaciones al tráfico o los controles de acceso dificulten el normal desarrollo de las actuaciones.
Además, el TSJC anima a potenciar el uso de medios telemáticos siempre que la normativa procesal y los recursos técnicos disponibles lo permitan. El objetivo es reducir desplazamientos y minimizar las incidencias que puedan derivarse de las restricciones previstas en las dos islas.
Servicios esenciales garantizados
La recomendación no afecta a los servicios considerados esenciales, que deberán mantenerse con normalidad durante ambas jornadas. Entre ellos figuran los servicios de guardia, la presentación de personas detenidas ante la autoridad judicial, las actuaciones urgentes de instrucción, los procedimientos relacionados con derechos fundamentales y los asuntos que afecten a menores, personas vulnerables o víctimas de violencia de género.
También continuarán prestándose servicios como la adopción de medidas cautelarísimas, la expedición de licencias de enterramiento y cualquier otra actuación que tenga carácter inaplazable.
El acuerdo contempla además que, en aquellos casos en los que una actuación presencial no pueda celebrarse o resulte seriamente afectada por las circunstancias derivadas de la visita papal, los órganos judiciales podrán adoptar las decisiones procesales oportunas conforme a la legislación vigente, incluyendo la aplicación de los supuestos de fuerza mayor previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
