La Justicia avala mantener la incautación de 8 millones a Canal de Isabel II
El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la medida cautelar solicitada por Canal de Isabel II para suspender la incautación de las garantías vinculadas al contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de Lanzarote y La Graciosa.
La resolución judicial permite, por tanto, que el Consorcio del Agua de Lanzarote pueda continuar con la ejecución del acuerdo adoptado por su Asamblea General el pasado 1 de junio, que contempla la incautación de unas garantías por importe total de ocho millones de euros.
De esa cantidad, seis millones corresponden a la garantía definitiva y otros dos millones a la garantía complementaria. La decisión adoptada ahora por el tribunal se limita a la solicitud de suspensión cautelar y no supone un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, que deberá resolverse en el procedimiento principal.
El tribunal descarta suspender las garantías
El auto, firmado el 19 de octubre por la magistrada de la plaza número tres de la Sección Contencioso-Administrativa, desestima la petición presentada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid en representación de Canal de Isabel II.
Entre los argumentos utilizados para rechazar la medida cautelar, la resolución señala que la solvencia económica atribuida a la Administración permite responder de las consecuencias económicas que pudiera producir una eventual sentencia favorable a la empresa. El tribunal también tiene en cuenta que no se ha ofrecido caución.
La magistrada considera, además, que los argumentos de nulidad planteados por la parte recurrente no pueden ser examinados en este trámite cautelar. Tampoco aprecia que concurran las circunstancias excepcionales necesarias para aplicar el criterio de apariencia de buen derecho, al entender que las cuestiones planteadas deben analizarse dentro del procedimiento principal.
El conflicto judicial se inició después de que el Consorcio del Agua acordara la resolución del contrato y la reversión y toma de posesión del servicio. Canal de Isabel II ha recurrido esos acuerdos y ha planteado distintas solicitudes cautelares.
El Consorcio informó el pasado 1 de octubre de la existencia de estos recursos y de las medidas solicitadas por la empresa. La resolución conocida ahora afecta específicamente a la petición para paralizar la incautación de las garantías.
El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha señalado que la entidad seguirá defendiendo sus decisiones ante los tribunales. Por su parte, el vicepresidente del Consorcio, Domingo Cejas, ha destacado que el auto permite continuar con la ejecución de las garantías mientras se tramita el recurso.
La resolución no impone las costas de este incidente a ninguna de las partes y establece que contra ella cabe recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación.
