La Guardia Civil investiga a un camionero sin puntos desde hace cinco años

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Las Palmas han investigado a un hombre de 52 años por un presunto delito continuado contra la Seguridad Vial. El conductor, profesional del transporte de mercancías y vecino de Las Palmas de Gran Canaria, circulaba con un vehículo articulado pese a haber perdido la totalidad de los puntos de su permiso de conducción.

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre un transportista que podría continuar realizando labores de conducción pese a no disponer de autorización administrativa vigente. Las pesquisas permitieron comprobar que el investigado había salido de las instalaciones de una empresa situadas en el Puerto de La Luz al volante de un camión de gran tonelaje.

Por motivos de seguridad, los agentes procedieron a interceptarlo en una zona excluida al tráfico del Polígono Industrial de Las Majoreras, en el municipio de Ingenio. Tras identificar al conductor e inspeccionar el vehículo, descargaron la tarjeta del tacógrafo para comprobar la actividad realizada durante la jornada.

Los agentes constataron que el hombre había perdido la vigencia de su permiso hacía cinco años por agotamiento total del saldo de puntos. Ante esta situación, el vehículo fue inmovilizado.

Además, la Guardia Civil analizó los registros digitales almacenados en el tacógrafo de la cabeza tractora correspondientes a los dos meses anteriores. El estudio permitió comprobar que el investigado habría realizado de manera reiterada labores de conducción durante ese periodo, pese a no contar con un permiso vigente.

Por estos hechos, fue investigado como presunto autor de un delito continuado contra la Seguridad Vial, previsto en el artículo 384 del Código Penal. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

El artículo 384 contempla, en estos casos, penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

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