La Comisión que indaga el contrato del Canal invita a declarar a Gerardo Díaz
El anterior gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, es una de las cuatro personas invitadas a declarar ante la Comisión especial que investiga la adjudicación del contrato del ciclo integral del agua de la Isla.
La próxima semana, en concreto, el jueves día 21 de febrero, tendrá lugar la primera de las cuatro sesiones que celebrará este foro, integrado por consejeros del Cabildo de Lanzarote. Investiga la adjudicación en 2013 a la empresa Canal de Isabel II de la gestión del agua, y fue promovida por iniciativa de la mayoría de los grupos de la Institución insular.
El presidente lanzaroteño, Pedro San Ginés, ha confirmado hoy mismo que, además del ex gerente de Canal Gestión Lanzarote, también han sido invitados a declarar los dos letrados Ignacio Catalayud y Esteban Cabrera. A quienes se suma la invitación cursada a María Dolores Corujo, alcaldesa de San Bartolomé, propuesta en este caso lanzada por el grupo político Coalición Canaria. El resto han sido propuestos por la Oposición, con mayoría actualmente en la Institución.
Según el reglamento de esta comisión sólo pueden ser convocados hasta un máximo de cuatro personas en cada sesión.
Por ello, no han sido invitados los otros tres que proponía CC: Pancho Hernández, Gladys Acuña y Jesús Machín; así como tampoco Pedro San Ginés, el cuarto propuesto por la oposición.
Los miembros que componen la Comisión son Echedey Eugenio (CC); Ángel Vázquez (PP); José Juan Cruz Saavedra (PSOE); Carlos Meca (Podemos); Tomás López (Somos Lanzarote); Benjamín Perdomo (Ciudadanos) y los no adscritos Juan Manuel Sosa y Manuel Cabrera. La preside Pedro San Ginés.
«Meras invitaciones»
El presidente del Cabildo volvió a recordar hoy que “los funcionarios locales no tienen obligación de comparecer cuando sean requeridos a las denominadas comisiones de investigación municipales”. Así lo dice el informe jurídico elaborado por el Cabildo y según el Reglamento Orgánico de la Corporación.
Estas comisiones locales, distintas del Senado u otras instituciones estatales, y siempre según el informe, “considera rotundamente, que no existe cobertura legal alguna que ampare la posibilidad de sancionar dicha inasistencia».
Por esto, «habrá de considerarse los requerimientos o citaciones como meras invitaciones a los destinatarios que pueden aceptar o hacer caso omiso de las mismas sin incurrir en responsabilidad alguna”, según el texto técnico.
