Franquis acusa a Clavijo de dejar la vivienda en manos del mercado
La crisis de acceso a la vivienda en Canarias ha centrado uno de los momentos más tensos del pleno celebrado este martes, 8 de julio, en el Parlamento autonómico. El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de “abandonar a las familias” ante una emergencia habitacional que continúa agravándose, especialmente en islas como Lanzarote, Fuerteventura o Tenerife.
Durante su intervención, Franquis ha señalado que desde que Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) asumieron el poder en 2023, no se ha promovido la construcción de ninguna vivienda pública en el Archipiélago. “La mejor imagen de su política de vivienda es un solar vacío”, ha afirmado, en una crítica directa a Clavijo.
El portavoz socialista ha recordado que más del 36 % del salario medio de los canarios y canarias se destina actualmente al pago de la vivienda, mientras unas 70.000 familias han tenido que retrasar el pago del alquiler o la hipoteca. Además, ha advertido que la mitad de la población no puede afrontar con normalidad los gastos asociados a la vivienda, lo que, según Franquis, refleja un escenario social alarmante.Crític
Falta de vivienda pública y control del alquiler
Franquis ha censurado la negativa del Ejecutivo autonómico a aplicar las herramientas legales disponibles para frenar el encarecimiento del alquiler, como declarar zonas tensionadas y limitar precios, tal y como permite la Ley estatal de Vivienda. “¿A quién están protegiendo con esa decisión? Porque está claro que no es a la gente que vive aquí”, ha cuestionado.
El portavoz socialista ha alertado también del fuerte crecimiento de las viviendas vacacionales, que han aumentado un 76 % en solo un año, al pasar de 40.000 a más de 70.000 unidades. A su juicio, cada una de estas viviendas “es una que ha salido del mercado residencial”.
En paralelo, ha denunciado la creciente concentración de propiedades en manos de grandes tenedores. Según los datos aportados, en Canarias existen más de 104.000 viviendas (sin contar primeras residencias) que pertenecen a fondos de inversión y grandes propietarios, lo que convierte a la comunidad autónoma en una de las más afectadas por procesos de especulación inmobiliaria.