“En este caso no puedo hablar de las actuaciones de otros, sólo de las mías”

La voluntaria comparecencia del primer teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González Robayna, buscó aclarar las cuestiones presentadas en el pleno de este miércoles por la oposición municipal, aunque no fue así de forma plena; entre otros motivos, porque el edil desgranó detalladamente cuáles fueron sus decisiones en el período 2013-2015, cuando recibía algunas delegaciones de Alcaldía, fundamentalmente, para remitir la documentación solicitada por el Juzgado Número 4 de Arrecife en la instrucción del Caso Montecarlo. No entró a delimitar las que pudo realizar el anterior alcalde, José Montelongo.

En cuanto a la polémica decisión de la Junta de Gobierno local, de enero de este año, donde el consistorio decidió recurrir la des-imputación del tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco -con lo que el abogado del Ayuntamiento pidió que se anulara el sobreseimiento libre (que dejaría la puerta abierta a volver a imputarle)- Rafael Juan González señaló que la decisión “fue tomada por la Junta, que reuní, y donde manejamos un informe del propio abogado del Ayuntamiento donde señalaba la conveniencia de esta decisión”, comentó poco antes de leer el texto remitido por el letrado pidiéndoles una decisión sobre si presentar o no el recurso. El concejal matizó que “sólo podía hablar de sus actuaciones, no la de otros. (…) Y en referencia a la decisión de contar o no con el abogado actual, sería ahora la alcaldesa quién tiene la responsabilidad en estos asuntos”, puntualizó.

El teniente de Alcaldía afirmó que no ha seguido órdenes de nadie, y que sus intervenciones “están muy claras en estos decretos, hasta abril de este año; y los pueden consultar aquí”, expuso durante el debate.

Las preguntas de la oposición

El abogado que está defendiendo al Ayuntamiento de Arrecife en el Caso Montecarlo fue una de las dianas de toda la oposición esta tarde. Daniel Cabecera, de Ganemos Arrecife -quien solicitó la comparecencia- realizó preguntas que quedaron sobre la mesa, como si se solicitarán indemnizaciones a las empresas que presuntamente defraudaron al Ayuntamiento de Arrecife en aquellas contrataciones -también presuntamente- irregulares; preguntó también si el consistorio iba a decidir el cese del abogado por su “inoperancia”, cuestionó que era “habitual en este lugar que la corrupción conviva con la política” y se mostró preocupado por el “proceso viciado por intereses políticos” en este asunto donde “sólo se debería buscar la defensa de los intereses de los ciudadanos de Arrecife”, preguntándose finalmente por quién daba las órdenes políticas al abogado del Ayuntamiento.

Durante más de una hora de discursos en este punto, los grupos de la oposición, donde también está Ciudadanos, acusaron al grupo de Gobierno de “criminalizar” al tesorero Antonio Cabrera Panasco, y de “no premiar a quien hace bien su trabajo”.

Borja Rubio, de Somos Lanzarote, se mostró sorprendido por el proceder del Ayuntamiento en un caso judicial donde uno de los imputados era el alcalde José Montelongo, y sospechaba que era precisamente él quien daba las órdenes al abogado del Ayuntamiento. Igual de indignado se mostró por el hecho de que no se haya solicitado el reembolso de las cantidades que supuestamente fueron objeto de prevaricación, en una defensa de los intereses municipales que calificó varias veces de “débil”.

Astrid Pérez, del Partido Popular, pidió para su estudio que se le facilitara el escrito de calificación de la acusación particular del Ayuntamiento; ponía el acento en que fueran precisamente el Ministerio Fiscal o el propio juez Ricardo Fiestras quienes hubieran tenido que decirle al abogado del Ayuntamiento «cómo realizar su trabajo»; y dejó claro la concejala popular que no cree que el consistorio tenga ahora mucho margen en este asunto ya que considera que “ha pasado el plazo de solicitud de prueba”.

Por último, la alcaldesa, Eva de Anta, se dirigió finalmente a los concejales para invitarles a solicitarle información “no sólo de este (Caso Montecarlo), sino de cualquier proceso judicial donde esté implicado el Ayuntamiento de Arrecife, porque nuestro objetivo es facilitar la transparencia en la gestión municipal”, dijo.