El Parlamento insta al Gobierno a que fomente el alquiler de viviendas
Con enmiendas de algunos grupos del Parlamento, salía adelante hoy por unanimidad en la Cámara autonómica canaria una PNL, defendida por el Grupo Podemos, donde se solicita al Gobierno de Canarias que se adopten medidas reales para el fomento del alquiler en las islas.
La Proposición No de Ley (PNL) pide que se recupere la bolsa de viviendas, así como que se desarrollen programas de vivienda pública de autoconstrucción. El objetivo de este línea de peticiones es hacer frente a la situación de emergencia habitacional existente en el Archipiélago, y para ello han señalado como necesaria “la colaboración de todas las administraciones”.
La portavoz de Podemos, Noemí Acuña, ha criticado que “desde el Gobierno de Canarias no se ha puesto en marcha ninguna medida que permita dar salida al gran parque de viviendas vacías existentes”, refiriéndose también al problema de los canarios para encontrar piso; los altos precios de los mismos, y los bajos salarios que reciben como media los isleños.
“Con esto no nos estamos refiriendo a las segundas viviendas que tienen las familias, sino a las casas que están vacías, que ascienden a unos 130.000 inmuebles, según el Ejecutivo autonómico, y que deberían formar parte de un parque de alquiler privado o público de viviendas”.
Todos los grupos de la Cámara han apoyado esta iniciativa que exige al Gobierno de Canarias que ponga en marcha un nuevo plan de vivienda. La portavoz de Podemos ha asegurado que el último data del año 2012, “y aunque se ha anunciado en varias ocasiones la intención de elaborar uno para el periodo 2014-2017, éste nunca vio la luz”. Santana considera que no se puede seguir prorrogando el del 2012, y que hay que poner en marcha una política integral de vivienda para la Comunidad Autónoma.
Otra de las medidas contempladas en la PNL está la petición al Gobierno para que aumente los presupuestos para todos los programas del plan estatal, en especial la de las ayudas al alquiler. Los parlamentarios canarios creen que lo avanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy sobre el Plan de Vivienda para el periodo 2018-2021 no apunta al optimismo porque no se esclarece cuál va a ser la financiación, porque mantiene las políticas aplicadas hasta ahora que no han solventado el problema de la vivienda en España, y porque introduce algunas políticas anteriores a la crisis, como la ayuda a la compra de vivienda, que vuelven a incidir en la especulación.
En el debate, también se defendió la posibilidad de sumar las viviendas de la SAREB (banco malo) al parque público de viviendas, y «más aún», decía algún parlamentario, «teniendo en cuenta la inversión pública del Estado» que se realizó para el rescate de los bancos.
El diputado del PSOE, Gustavo Matos, alabó el trabajo realizado para elaborar esta PNL, que apoyó finalmente su partido; si bien advirtió que hace unos meses el Parlamento “aprobó una propuesta en esta línea, sobre la que no hemos conocido nada”, dijo. Mientras que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, consideró esta semana «bochornoso el pasotismo del Gobierno» canario ante el problema del acceso a la vivienda en las islas. “El Gobierno parece no tener capacidad para abordar esta cuestión, hasta el punto de que ni siquiera lo ve como un problema”, dijo en sesión plenaria.
Crítica de Podemos a Visocan
En sus discursos de hoy, desde Podemos también se ha recomendado la constitución de una subcomisión de estudio sobre las “irregularidades” detectadas en Visocan. Noemí Santana ha afirmado “que esta empresa pública de viviendas está enviando órdenes de desahucio a familias sin recursos, a pesar de que el Gobierno se comprometió a no hacerlo”.
Santana explicó esta semana que Visocan no es un órgano competente para ejecutar los desahucios, “pero con este tipo de prácticas lo que hacen es coaccionar y amedrentar a los inquilinos para que paguen o reconozcan la deuda”.
Somos Lanzarote presentará moción al respecto en el Cabildo
Por otro lado, Somos Lanzarote ha denunciado que el Cabildo insular hace “dejación de las funciones conferidas por la ley” ante el que se está convirtiendo en uno de los grandes problemas sociales de la isla: la imposibilidad de acceder al derecho a la vivienda, si quiera en régimen de alquiler, por parte de la mayoría social. A juicio de la organización, cada administración tiene su parcela competencial, incluidos los cabildos, “tal y como recoge la Ley Canaria de Vivienda de 2003, que en el caso de Lanzarote no se está ejerciendo porque prefieren echar balones fuera y mirar hacia otro lado”.
Dice Tomás López, consejero y portavoz de Somos Lanzarote en el Cabildo, que “la situación puede llegar a ser realmente dramática, máxime cuando las administraciones públicas continúan sin hacer frente a la problemática”, sostiene.
Por ello, Somos Lanzarote llevará al próximo pleno del Cabildo una moción en la que exige a la institución insular “que cumpla con las atribuciones que le confiere la ley en esta materia, entre las que se encuentra ejercer la “policía de vivienda” que controlaría y llevaría a cabo un censo efectivo del parque de vivienda pública”.
