El Juzgado de lo contencioso vuelve a dar la razón a Juan Manuel Sosa

El Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas ha vuelto a rechazar la solicitud de Coalición Canaria que buscaba, una vez archivado, acabar con el proceso de protección de derechos fundamentales por el que se acordó la suspensión cautelar de la expulsión del actual Consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, tras la denuncia que presentó éste contra todos los miembros de su grupo político (CC-PNC) por amenazas, falsedad y vulneración de sus derechos fundamentales. El Juzgado no cierra el proceso porque el archivo de esa denuncia no es firme. Desde el actual grupo de Gobierno del Cabildo estiman que aún cabría interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, e incluso ante el Tribunal Supremo.

En una reciente resolución, dictada el pasado 14 de octubre, el Juzgado rechaza la petición de Coalición Canaria, considerando que la “prejudicialidad penal” se mantendrá en el proceso contencioso administrativo hasta que recaiga una resolución firme y definitiva sobre la denuncia de Sosa en la jurisdicción penal, lo que se producirá cuando contra esa resolución no pueda interponerse recurso alguno.

Como se recordará, Juan Manuel Sosa recurrió la expulsión acordada por el grupo nacionalista amparándose en la existencia de numerosas irregularidades en el procedimiento sancionador, entre ellas la posible falsedad de Reglamento del Grupo Político, según ha sostenido.

Fruto de esa sospecha de falsedad, el consejero expulsado amplió una denuncia interpuesta previamente contra Pedro San Ginés por amenazas y el instructor de dicha denuncia entendió que ambos hechos, las amenazas para que dimitiera y la posible falsificación del reglamento para conseguir su expulsión del Grupo Político, mantenían una íntima relación, por pretender supuestamente en ambos casos condicionar la voluntad de Juan Manuel Sosa y perturbar el desempeño de sus tareas como cargo público.

La existencia de esa investigación provocó que el Juzgado de lo Contencioso paralizara la tramitación del procedimiento al entender que el resultado de las investigaciones de carácter penal podría resultar relevante para la decisión final en el procedimiento contencioso, lo que se conoce como prejudicialidad penal.

Tras el archivo del juez

Las investigaciones practicadas llevaron al instructor a entender que debiera archivarse la causa, al no haber podido acreditar los hechos denunciados por Sosa, una decisión que ha sido recurrida por el consejero ante el propio juez que la dictó.

Desde el grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote consideran que “precisamente ese archivo provisional de la denuncia penal ha sido aprovechado por Coalición Canaria para tratar de continuar con el procedimiento contencioso, toda vez que la expulsión de Sosa ha sido suspendida hasta que termine dicho procedimiento”.

Ahora, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 ha desestimado dicha pretensión al considerar que el archivo acordado por el instructor penal no es firme, porque ha sido recurrido, siendo que, además, contra la resolución que resuelva dicho recurso aún cabría interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, e incluso ante el Tribunal Supremo.