El Gobierno se ve obligado a convocar el pleno monográfico de Montaña Roja

La suma de fuerzas de la oposición, entre la que no sumamos en esta ocasión al PSOE, ha precipitado la presentación este jueves de una petición formal al grupo de Gobierno en el Cabildo de Lanzarote, para  la convocatoria de un Pleno Extraordinario monográfico que versará en torno a la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en Playa Blanca; y, más allá -ciñéndose a la actualidad- versará también en torno a la aparición de contaminación en la red de distribución de agua en Norte Nazaret esta semana.

Han sido los miembros de Nueva Canarias, Partido Popular, Ciudadanos, Somos Lanzarote y Podemos Lanzarote los que han rubricado una solicitud de convocatoria de pleno donde se debatirán estos dos asuntos que, según consideran los firmantes, “han generado gran controversia social”. El primero de ellos, señalan, “por la posibilidad de que el Cabildo pueda verse obligado a hacer frente a cuantiosas indemnizaciones por una actuación negligente”; y el segundo, “por la alarma social que ha provocado la aparición de bacterias fecales en la red de distribución del agua”.

El PSOE, que también se posicionaba ayer miércoles sobre la necesidad de convocar “inmediatamente” un pleno de estas características, no se firma esta petición, que cuenta sin embargo con el quórum necesario -1/4 parte de los consejeros- para que el presidente del Cabildo lanzaroteño, Pedro San Ginés, tenga que, en un plazo máximo de quince días, convocarlo.

Apartar al presidente de los foros del agua

Incluye la solicitud de esta mañana en el Registro de la primera Institución, la petición de los cinco partidos firmantes de que se someta a votación la posibilidad de retirar la representatividad del presidente Pedro San Ginés en algunos foros en los que tiene la representación del Cabildo, por lo que consideran los firmantes, se produce de un choque de intereses entre su cargo institucional y la imputación que mantiene en el caso de la desaladora de Playa Blanca.

En concreto, se plantea que “ceda la presidencia del Consorcio Insular de Aguas y del Consejo Insular de Aguas”.

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