El Gobierno de Canarias rechaza el “pin parental” en materia educativa

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha mostrado hoy martes su rechazo al “pin parental”.

En relación a la polémica surgida en torno a la censura por parte de madres y padres en el contenido de actividades del currículo escolar, el departamento regional destaca hoy que “ni el veto ni la censura son admisibles en el ámbito educativo, por ser incompatibles con la misión de la educación, y defiende que el respeto a las leyes no es optativo en materia educativa”.

En este sentido, la consejería del área, María José Guerra, ha suscrito un manifiesto ratificado por otras siete consejeras y consejeros españoles en el que se insiste en la obligación de los poderes públicos “de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes” y se recuerda que “el cauce participativo de los padres y madres reside en las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado (AMPAS)”.

Añaden que en los colegios e institutos, a través de sus Consejos Escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa compuesta por profesorado, las madres y los padres y el alumnado, a través de sus representantes, acuerdan sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos.

Guerra ha señalado que “el interés de los y las menores en formarse un juicio independiente necesita información plural, y, por lo tanto, el ámbito educativo no puede admitir de ninguna manera vetos o censuras, que constituyen una intromisión intolerable y, en mi opinión, pretenden erosionar el clima de confianza y cooperación entre las familias y la escuela, a la vez que atentan contra los principios de la democracia”.

Asimismo, ha reconocido la labor que vienen realizando los equipos directivos y el personal docente en los centros educativos de Canarias en favor del desarrollo y la consolidación de los valores democráticos de la convivencia y de las libertades fundamentales, exponía.

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