El Gobierno de Canarias aprueba medidas fiscales por el impacto de la guerra en Irán
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes un conjunto de medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos iniciales derivados del conflicto bélico en Irán. El paquete, valorado en 29,8 millones de euros, busca mitigar el impacto del encarecimiento de combustibles, energía y productos básicos en el archipiélago.
Estas iniciativas responden a la necesidad de adaptar al contexto canario las medidas estatales incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, que no se aplican directamente en las islas debido a su régimen fiscal específico.
Entre las medidas destaca la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de contener el precio final para los consumidores. También se incrementa la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%.
Asimismo, se establece el tipo cero del IGIC para determinados productos básicos que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. A esto se suma la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario hasta los 50.000 euros de facturación anual.
El paquete incluye además un sistema de ayudas directas por valor de 7,2 millones de euros destinado a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial, con el fin de compensar el aumento de costes energéticos y de insumos.
Cuatro de estas medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico por la vía de urgencia. En caso de prolongarse el conflicto, el coste anual estimado del conjunto de actuaciones ascendería a unos 60 millones de euros.
Peticiones al Estado
El Ejecutivo canario también acordó trasladar al Gobierno central una serie de propuestas, entre ellas la flexibilización de las reglas fiscales, la implantación de bonificaciones al combustible y la reducción del IRPF.
Además, se solicita la actualización de partidas presupuestarias estatales, mecanismos de financiación para empresas y la creación de un fondo específico para sectores afectados. También se plantea adaptar instrumentos europeos para tener en cuenta las singularidades del archipiélago.
El Gobierno autonómico insiste en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en las medidas estatales para garantizar que tengan efecto real en las islas.
