El Cabildo no ve ilegalidad, aunque sí disfunción, en el pago a proveedores

El Cabildo de Lanzarote respondía este jueves públicamente a la denuncia en Fiscalía del Grupo Político de Podemos sobre los levantamientos de reparos de intervención para el abono de facturas por valor de unos 4 millones de euros durante los últimos años en la Institución.

Puntualizan que en el Cabildo no ha sido registrada ninguna notificación del Juzgado referente a este asunto, y a renglón seguido defienden “el rigor en la gestión económica llevada a cabo en los procesos de contratación y tramitación administrativa de la Institución”

Según el Cabildo conejero, todas las administraciones públicas, «sin excepción», están obligadas por Ley a pagar a todos aquellos proveedores que presten servicios, suministros u obras al objeto de no incurrir en un “enriquecimiento injusto” de la Institución por no abonar las facturas, independientemente que se produzcan «disfunciones obligadas y no deseadas en los procedimientos”.

Levantamiento de reparos con informes

Según explican, “este tipo de disfunciones se producen en todas las administraciones públicas de España, y el Cabildo no es ninguna excepción”, pero matizan que esto “no quiere decir que se haya carecido de procedimiento en las contrataciones o pago de estas facturas. Estos levantamientos de los reparos de intervención, realizados por el Presidente o por el propio Pleno que son los únicos órganos que por Ley pueden hacerlo, se han realizado en esta administración siempre, previo informe técnico de justificación de la necesidad”.

Son muchas las causas, relatan, que obligan a modificar el proceso, y una de ellas, por ejemplo, “por el retraso incluso en la presentación de facturas por parte de los propios proveedores”. Esto último, principalmente ocurre a finales y principios de año con el paso de un ejercicio a otro, comentan.

“También ocurre que algunos de estos servicios y suministros, por su especial complejidad, han quedado desiertos en los procedimientos de licitación y es absolutamente necesaria la continuidad en la prestación de los mismos; como es el caso de Hospital Insular que en ningún momento se puede dejar de suministrar productos farmacéuticos”, declaran hoy en nota de prensa.

Gastos farmacéuticos

El Gobierno insular afirma que se “auto-impuso” hace unos años, en las bases de ejecución del Presupuesto esta obligación de solicitar como mínimo tres presupuestos diferentes para concurrir precisamente a la mejor oferta económica y abaratar costes y gastos a la administración. Por lo tanto, nada más lejos de la realidad el que se haya producido ningún “perjuicio para la Institución”. Esta auto-imposición se realiza en contratos o compras de servicios y suministros de más de 600 euros en gastos corrientes y en 1.000 euros para inversiones. Hecho prácticamente inusual en la administración pública de toda la geografía española.

En general, los reparos corresponden con errores administrativos o disfunciones puntuales y excepcionales de cierto tipo de servicios o suministros (farmacéuticos, gastos de agencias de viaje o seguridad, entre otros) que son en muchos casos susceptibles de convalidación o de seguir tramites procedimentales específicos.

El Cabildo puntualiza que muchos de estos reparos corresponden al Hospital Insular, de gastos farmacéuticos; como -por ejemplo- los productos y medicamentos prescritos por los responsables médicos y/o facultativos de farmacia del mismo, siendo un número elevado de compras de fármacos específicos a ciertos laboratorios.

Sobre la cuantía de estos reparos, informan que “a pesar de que efectivamente lo deseable es que no existan los mismos, sobre el total del gasto corriente e inversiones del Cabildo, que son unos 40 millones de euros, el porcentaje de dichos reparos es mínimo”.

Acaba la Institución reiterando la “buena fe” tanto de la dirección política como técnica en las diferentes contrataciones conforme a que “todos los levantamientos de reparo firmados por el Presidente del Cabildo o dado conformidad el Pleno de la Corporación para poder pagar las facturas a los proveedores que han prestado sus servicios de manera correcta al Cabildo”.