Canarias rechaza un nuevo modelo de financiación “que penaliza a las islas”
El Gobierno de Canarias ha reiterado este jueves su rechazo a la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de España, al considerar que vulnera el principio de igualdad entre ciudadanos y penaliza de forma específica a los territorios insulares. El Ejecutivo autonómico sostiene que el modelo no tiene en cuenta las singularidades del Archipiélago y agrava los desequilibrios ya existentes.
El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, explicó que la propuesta estatal sitúa a Canarias entre las comunidades con menor financiación por habitante, a pesar de afrontar mayores costes estructurales derivados de la lejanía, la fragmentación territorial y su condición de región ultraperiférica reconocida por la Unión Europea.
Según el Gobierno canario, el planteamiento del Estado no solo no corrige las desigualdades del actual sistema, sino que podría relegar a las islas al último lugar entre los territorios de régimen común en términos de financiación. Esta situación, advierte el Ejecutivo, comprometería la capacidad de la comunidad autónoma para sostener servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la atención social, además de afectar a la cohesión territorial.
Otro de los aspectos criticados es la falta de una negociación multilateral con el conjunto de las comunidades autónomas. Desde Canarias se subraya que la propuesta no ha sido consensuada en los foros habituales de diálogo y cooperación institucional, lo que limita su legitimidad y dificulta alcanzar un acuerdo equilibrado entre territorios con realidades muy distintas.
El vicepresidente autonómico también expresó su rechazo a que una eventual mejora de los recursos estatales se base en un aumento de la presión fiscal, en el incremento de la deuda autonómica o en el recorte de medidas compensatorias específicas para Canarias, como el descuento del 75% para residentes en los viajes entre islas y con la Península. El Ejecutivo considera estas medidas esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades de la población canaria.
