Denuncias de la Guardia Civil por capturas ilegales de mejillones en Fuerteventura
Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Fuerteventura, con motivo de la intensificación de servicios para la protección de especies protegidas en la citada isla y evitar el marisqueo furtivo, denunciaron la pasada semana a una persona que portaba en el maletero de su vehículo una especie prohibida de marisco por encontrarse en época de veda.
Alrededor de las 09:30 horas, cuando los agentes de la Guardia Civil patrullaban por el litoral costero conocido como Agua Liques, del término municipal de Pájara, le dieron el alto a un vehículo. Conducía D.M.R, de nacionalidad española y residente en la isla, al cual se le localizó en el maletero del vehículo un saco, dos bolsas y una mochila con aproximadamente 700 ejemplares de mejillones que acababa de capturar en las rocas del litoral, de muy difícil acceso y aprovechando la marea baja. Eran mejillones “Perna perna”, y arrojaba lo incautado un peso aproximado de 41 kilogramos.
Una segunda actuación
Dos días después, el lunes 19 de octubre, los agentes de la PAFIF dirigieron sus servicios nuevamente a la protección de especies protegidas, detectando esta vez en la costa de Aguas Verdes -en el municipio de Betancuria– a otro vehículo saliendo del litoral costero con otras dos personas. Éstas llevaban en el interior del mismo tres sacos de grandes dimensiones y una mochila con 1300 ejemplares, aproximadamente, de mejillones “Perna perna”, que acababan de capturar en las rocas del litoral aprovechando la marea baja. Luego arrojaron un peso de unos 94 kilogramos.
El objetivo de todas estas personas denunciadas, según apuntan desde la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, era presumiblemente la comercialización de los ejemplares capturados.
La Guardia Civil continúa con las investigaciones para detectar los comercios, locales y/o particulares que están adquiriendo dicho género de origen ilícito, lo cual supondría una infracción grave a la Ley de Pesca en Canarias, y que puede ser sancionado entre 301 y 60000 euros. También advierten de los riesgos que puede suponer para la salud la comercialización de productos derivados del marisqueo furtivo.
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