CC Arrecife muestra su “preocupación por el devenir económico” del Ayuntamiento
Desde el Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Ayuntamiento de Arrecife dicen sentir “preocupación por el devenir económico” de la capital de la isla; y así lo hizo saber tanto durante la celebración del último pleno extraordinario de la Corporación, donde se tomó conocimiento de la liquidación del presupuesto, como en la Comisión especial de Cuentas celebrada este lunes 27 de abril.
Según ha explicado la concejal María Teresa Lorenzo, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 no cumple con la regla de sostenibilidad financiera establecida por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al igual que tampoco la cumplía en la liquidación de 2018, por lo que el Ayuntamiento estaba y está obligado por ley a aprobar no uno, sino dos Planes Económicos Financieros (PEF). Cosa que el Grupo de Gobierno no ha hecho.
“Tanto la alcaldesa como la concejal de Hacienda saben que deberían haber aprobado un plan económico financiero porque incumplieron con la normativa de 2018, no decir que estaban esperando a la liquidación de 2019”, subraya Lorenzo que advierte de las graves consecuencias de no haberlo hecho: “Al no atender la obligación de aprobar un PEF, el Estado puede retener los fondos que el Ayuntamiento tiene que recibir”.
Acceso a los fondos
Es más, según la edil de CC-PNC, “es posible que ya se estén reteniendo esos fondos porque es una de las medidas coercitivas que están establecidas por la ley orgánica para aquellos ayuntamientos que no aprueban el PEF cuyo plazo es de un mes desde que tienen conocimiento de que ha incumplido”.
Por otra parte, María Teresa Lorenzo recalca que los incumplimientos del Ayuntamiento de Arrecife «van más allá».
Con respecto a la Cuenta General de 2019, según, asegura la edil, «refleja el informe de intervención, el Consistorio incumple con una serie de preceptos legales como es tener un correcto inventario de bienes y servicios que refleje la imagen fiel del patrimonio de la entidad».
“Se está incumpliendo una y otra vez con Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera –afirma la concejal nacionalista-. La liquidación no cumple la sostenibilidad financiera, un indicador de salud financiera. Se está incumpliendo el período medio de pago a proveedores establecido legalmente en 30 días, y que el Consistorio tiene en 180 días”.
Añade que «este incumplimiento de la ley con respecto al período de pago es muy grave, en primer lugar, porque se está perjudicando a todos los profesionales, autónomos y empresas que presten servicios al Ayuntamiento. Y, en segundo lugar, porque no solamente se ven perjudicados quienes prestan servicios, ya que esa falta de liquidez repercute directamente en el empleo. Y cuando el Estado de Alarma se levante, esos empresarios que no han cobrado y que ahora han tenido que aplicar un ERTE, pueden acabar despidiendo a los trabajadores, precisamente porque el Consistorio no ha cumplido en tiempo y forma con los pagos”, avisa Lorenzo.
