NC acusa a la política insular de plegarse a los intereses de las élites económicas
El candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Yoné Caraballo, ha situado entre sus principales objetivos políticos la recuperación del control sobre las decisiones que afectan al presente y al futuro de Lanzarote y La Graciosa.
Caraballo considera que la isla afronta una disyuntiva entre un gobierno insular orientado a las necesidades de la mayoría social y otro condicionado, a su juicio, por los intereses de determinados sectores económicos. En este sentido, ha defendido que el Cabildo debe priorizar las condiciones de vida de los residentes, los trabajadores, los jóvenes y las familias.
“Lanzarote no necesita más gobiernos que hagan de empleados de los intereses de los más ricos”, afirma el candidato, que reclama una institución centrada en quienes viven en la isla durante todo el año.
Caraballo sostiene que algunos responsables políticos insulares han actuado durante demasiado tiempo como “medianeros de los intereses de las élites económicas”, en lugar de ejercer su responsabilidad desde la defensa del interés general. Vincula esta crítica a cuestiones como el acceso a la vivienda, la situación de los servicios públicos, la precariedad laboral, la disponibilidad de suelo y la calidad de vida.
Según el candidato de NC-BC, el debate no debe limitarse a quién ocupa la Presidencia del Cabildo, sino a los intereses que orientan la acción de la institución. En ese contexto, plantea la necesidad de reforzar la participación y la organización ciudadana frente a la capacidad de influencia de los grupos económicos.
El dirigente canarista defiende que la actividad económica y la defensa de los intereses de la población no tienen por qué ser incompatibles, pero considera necesario establecer límites cuando determinados intereses privados entren en conflicto con el interés general.
Caraballo resume su planteamiento como una confrontación entre “un pueblo organizado” y “el dinero organizado”, y reclama que las instituciones insulares recuperen capacidad de decisión para orientar las políticas públicas hacia el conjunto de la sociedad de Lanzarote y La Graciosa.
