726M a convenios de Dependencia para Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha firmado este jueves los nuevos convenios de Dependencia con los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, unos acuerdos que movilizarán 726 millones de euros para estas tres islas entre 2025 y 2028, dentro de una inversión global de 1.630 millones de euros para todo el archipiélago en cuatro años.

Durante el acto, Clavijo subrayó que estos nuevos convenios permitirán consolidar la mejora del sistema de atención a la dependencia lograda en la actual legislatura, destacando especialmente la reducción del tiempo de espera para acceder a la ayuda, que ha pasado de 26 a 14 meses. “Es una muestra del firme compromiso de este Gobierno con las personas más vulnerables”, señaló.

Según datos oficiales del IMSERSO, Canarias cerró 2025 con 68.259 personas con derecho reconocido en el sistema de dependencia, frente a las 44.506 existentes en julio de 2023. Esto supone un incremento de 23.753 personas, con un ritmo de incorporaciones un 213% superior al de la legislatura anterior. Además, 65.832 personas cuentan ya con una prestación concedida, casi un 69% más que al inicio del mandato.

Clavijo atribuyó este avance al nuevo decreto que regula el sistema monofásico de valoración y defendió la firma de los convenios como un ejemplo de cooperación institucional “imprescindible para mejorar la atención a la ciudadanía”.

Los acuerdos fueron rubricados junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la de Sanidad, Esther Monzón, con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la presidenta de Fuerteventura, Lola García; y el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.

En el caso de Lanzarote, el convenio contempla una inversión de 75,7 millones de euros para garantizar 647 plazas asistenciales, tanto diurnas como residenciales. Los convenios, con carácter retroactivo desde enero de 2025, incluyen además mecanismos de actualización de costes y la posibilidad de ampliar plazas para seguir reforzando un sistema clave para el bienestar social en Canarias.

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